En España, como en el resto del mundo, la violencia contra la infancia ha sido tolerada y defendida como una forma de corrección educativa. Muchos de los castigos empleados para educar a los niños y las niñas a mediados del siglo pasado tenían en común el uso de la violencia, tanto física como psicológica. Otras formas de violencia contra la infancia, como el acoso o la violencia sexual, se negaban o se trataban como un tabú. La Convención sobre los Derechos del Niño pasa a considerar a los niños como sujetos de derechos dejando atrás el concepto de niño y niña como propiedad de las familias. Esto permitió avanzar en políticas y medidas legales para acabar con la violencia contra la infancia. En España en los últimos años se ha reforzado la protección de los niños y niñas frente a la violencia, con reformas de la Ley de Protección Jurídica del Menor que regula las medidas para intervenir ante situaciones de violencia contra la infancia, y del Código Penal, como la incorporación de agravantes para delitos contra menores de 16 años. A pesar de estas mejoras, el ordenamiento jurídico español sigue sin ofrecer a los niños y niñas una protección integral frente a la violencia y tiene grandes carencias, principalmente en el ámbito de la prevención y detección temprana. En España:

• Las notificaciones de maltrato a niños en el ámbito familiar superan las 16.700
• Y 1 de cada 2 denuncias contra la libertad sexual tienen como víctima a la infancia

Estos datos, aunque alarmantes, no revelan la auténtica magnitud del problema, debido entre otras cosas al miedo y a las dificultades que encuentran los niños y niñas para denunciar. Debería ser una prioridad de todos los Poderes Públicos aprobar la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia frente a la violencia, tal y como ha recomendado el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas a España. Es fundamental que la sociedad entienda que la violencia contra la infancia supone una vulneración grave de sus derechos y un ataque a su dignidad, además de tener un efecto muy negativo en su desarrollo y bienestar.

Muchos de nuestros mayores aún recuerdan las cartillas de racionamiento, el hambre y la miseria de la postguerra española. Mucho ha pasado desde entonces y por suerte la pobreza más extrema no es un problema de primera magnitud. Sin embargo, la pobreza ha seguido siendo una realidad para muchos hogares de España a pesar del crecimiento económico que se ha ido produciendo. La aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño supuso situar en los poderes públicos la responsabilidad de proteger a la infancia frente a la pobreza y garantizar el cumplimiento de sus derechos, asegurando el desarrollo pleno de todos los niños y niñas. La construcción progresiva del sistema de protección social, unido a la universalización de la educación y la sanidad, contribuyeron a reducir las tasas de pobreza infantil. La Convención permitió reforzar la concepción como sujetos de derechos, y por tanto la necesidad de abordar la pobreza infantil no como una carga en el hogar o una cuestión de caridad, sino como una barrera para la igualdad de oportunidades y para el ejercicio de sus derechos más básicos. En la última legislatura destaca la creación del Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil, la aprobación de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023 y el incremento, aunque insuficiente, de la prestación hijo a cargo para familias en situación de pobreza severa. Si bien la tendencia de los últimos años muestra que se están reduciendo levemente las tasas de pobreza infantil en España, nuestro país es el segundo país con la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea; una pobreza que afecta a más de dos millones de niños y niñas. Vivir en situación de riesgo de pobreza y exclusión social no sólo afecta al cumplimiento de sus derechos hoy en día, como un nivel de vida adecuado, de salud, a la educación, al ocio y al juego. También boicotea sus posibilidades de desarrollo futuro. El 80% de los niños y niñas que bien en situación de pobreza, continuará en la misma situación de adultos si no se interviene a tiempo. La pobreza infantil en España es estructural y se ha mantenido con tasas muy altas incluso en épocas de bonanza económica, aunque en épocas de crisis se ha agravado. Esta situación no es casual, España es uno de los países europeos que menos invierte en la protección de la infancia y que menos impacto tiene con sus políticas en la reducción de la pobreza. Las Administraciones Públicas deben priorizar la lucha contra la pobreza infantil y reflejarlo en sus Presupuestos. Desde la Plataforma de Infancia consideramos fundamental firmar un Pacto de Estado por la Infancia en la próxima legislatura que garantice el aumento progresivo de la inversión real dedicada a la infancia hasta alcanzar la media europea del 2,4% y asegure su no regresividad en épocas de crisis económicas. Invertir en luchar contra la pobreza infantil es invertir en justicia y equidad

La educación es uno de los pilares de nuestro Estado democrático y social, juega un papel fundamental en la reducción de las desigualdades sociales en nuestro país. En 1978 la Constitución Española reconoció el derecho a la educación entre los derechos fundamentales. Además, desde entonces se han aprobado una serie de leyes que han puesto en evidencia la falta de consenso en materia de educación entre las fuerzas políticas pero que han incorporado algunos avances.   Por ejemplo, leyes como la LODE en 1985, reconocieron el derecho a los alumnos y alumnas que se encuentran en una situación económica desfavorable a recibir becas y ayudas al estudio y la LOGSE reconoció la etapa de 0 a 6 años como el primer nivel del sistema educativo, aunque no obligatoria, y amplió la escolarización básica obligatoria a los 16 años.   La Convención sobre los Derechos del Niño supuso un avance al reconocer el derecho a la educación de forma más amplia que el mero acceso a una educación oficial obligatoria. Entiende la educación como un amplio espectro de experiencias y procesos de aprendizaje que permiten al niño, desarrollar su personalidad y aptitudes y llevar una vida plena y satisfactoria en el seno de la sociedad. A pesar de los avances, hay grandes retos que abordar. Actualmente nuestro sistema educativo no sólo no está siendo capaz de revertir las desigualdades sociales, sino que está contribuyendo a que aumenten al no ofrecer las mismas oportunidades a todos los niños y niñas. Una muestra de ello es que el abandono escolar se concentra en los niños y niñas con una situación económica más desfavorecida, con una tasa del 28,9% mientras que en los niños cuyas familias tienen mayores rentas es del 1,6%. Para garantizar el derecho a educación es fundamental aumentar el gasto público en educación, hasta alcanzar la media de la OCDE y adoptar políticas de equidad como el incremento de la inversión en becas y de la oferta de plazas públicas en educación infantil 0-3, garantizando el acceso de los niños y niñas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social Las políticas de equidad deberían ser una prioridad de todas las fuerzas políticas para no dejar a ningún niño o niña atrás.

“Calla la boca niño”, “No quieras opinar sobre cosas de mayores” o  “Cuando seas padre comerás huevo”, son algunas expresiones que se usaban y se siguen usando para denostar la opinión de los niños y niñas. Una de las mayores aportaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas fue el cambio de paradigma que supuso reconocer a los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos de pleno derecho, que no sólo debían ser protegidos, sino también escuchados y tenidos en cuenta. Tras la Convención, el ordenamiento jurídico español también ha ido reconociendo la participación infantil. Por ejemplo,  la Ley de Protección Jurídica del Menor, reconoce a los niños y niñas el derecho a ser escuchados en todos los asuntos que les conciernen y el derecho de participación, asociación y reunión y la Ley reguladora del Derecho de Asociación establece que podrán constituir asociaciones y formar parte de las mismas niños y niñas mayores de 14 años. Así podemos destacar algunos hitos  como la elaboración del primer Informe Complementario de niños y niñas en 2017, en el que hicieron un diagnóstico sobre el cumplimiento de sus derechos en España y lo presentaron ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. O la comparecencia anual de chicos y chicas ante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia en el Congreso de los Diputados donde hacen sus propias propuestas a todos los grupos políticos. Pero, aunque cada vez existen más espacios de participación infantil, el desconocimiento de la sociedad sobre este derecho dificulta que se cumpla realmente en todos los ámbitos: familia escuela, sistema judicial, sistema de salud, gobierno local, autonómico o nacional. La participación infantil es la base de una sociedad democrática. Necesitamos que esa participación sea real y no un mero ejercicio publicitario Por ello, tal y como los propios niños y niñas han propuesto, es necesaria la creación de un Consejo estatal de participación infantil, que de manera estable y permanente asegure que la voz de los niños y niñas llegue realmente a las personas que toman las decisiones. A participar se aprende participando. No podemos dejar a 8 millones de ciudadanos sin voz.