21 de junio de 2018. La nueva Encuesta de Condiciones de Vida 2017 que ha hecho hoy pública el Instituto Nacional de Estadística pone de manifiesto que el 31,3% de los niños y niñas españoles sigue en riesgo de pobreza o exclusión social. “Estamos ante una emergencia social que requiere de acciones urgentes y concretas” señala el Presidente de la Plataforma de Infancia, Adolfo Lacuesta.
La Encuesta 2017 analiza la información relativa a la renta, nivel de y composición de la pobreza y la exclusión social en España con indicares comunes en la Unión Europea. Los resultados señalan mejoras en prácticamente la totalidad de parámetros analizados, reduciéndose el porcentaje de población en riesgo de pobreza del 22,3% al 21,6%. Igualmente mejoran los datos sobre las dificultades económicas de los hogares, en los cuatro indicadores que se usan para medirlas y, muy especialmente, el relativo a «mucha dificultad para llegar a fin de mes».
“A pesar de las claras mejorías, los datos ponen de manifiesto la alta vulnerabilidad y riesgo que sufren algunos colectivos, especialmente la infancia, ante la ausencia de políticas adecuadas para abordar estructuralmente la situación”, añade Lacuesta.
Aunque la cifra de niños y niñas (menores de 18 años) en riesgo de pobreza o exclusión social se reduce, pasando del 32,9% al 31,3%, seguimos encontrándonos ante una cifra muy elevada. En el caso del análisis por tipo de hogar, siguen siendo los hogares de un adulto con uno o más niños dependientes los más afectados por el riesgo de pobreza y exclusión social, alcanzando cerca de la mitad de los mismos (47,9%). Por nacionalidad, siguen siendo las personas extranjeras de fuera de la Unión Europea las más afectadas por el riesgo de pobreza y exclusión social, duplicando la tasa de personas españolas en la misma situación (58,7% vs 23,4%).
El lugar de residencia tiene consecuencias directas en el riesgo de estar en situación de pobreza. Por Comunidades Autónomas, las más afectadas por el riesgo de pobreza son Melilla, Ceuta, Extremadura y Andalucía frente a las menos afectadas en 2017 Navarra, País Vasco, la Rioja y Asturias.
Esta nueva situación deja claro que el crecimiento económico español no es suficiente para atajar las graves vulnerabilidades que sufre gran parte de la población, en especial la infancia. “Es necesario que el crecimiento económico llega a todos, estableciendo políticas que garanticen la protección de los más vulnerables”, explica Lacuesta.
Por esa razón desde la Plataforma de Infancia se viene reclamando un Pacto de Estado por la Infancia que, entre otras cuestiones, garantice una inversión mínima adecuada para la protección de la infancia. Actualmente España invierte alrededor del 1,3% del PIB frente al 2,4% de media en la Unión Europea.
Según señala la Plataforma de Infancia, este Pacto debe incluir entre otras medidas, una prestación económica directa de 100 euros al mes por cada niño o niña (menores de 18 años) condicionada a un límite de ingresos basado en los umbrales oficiales de pobreza; así como un aumento progresivo de la oferta de plazas públicas de educación infantil de primer ciclo, con el objetivo de que España alcance en 2022 la media europea de cobertura pública en esa etapa situada en el 58% y aumente la escolarización entre las familias más vulnerables.
