Las medidas de apoyo a las familias en la crianza, la prevención de la pobreza infantil, la garantía del derecho a la participación infantil, la aplicación de la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), la protección de los menores no acompañados y la regulación de la publicidad de productos no saludables son algunas de las cuestiones sobre las que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas insta a España a proporcionar información.
Desde la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas por España en 1990, el Gobierno español está obligado a presentar de forma periódica informes sobre el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Este procedimiento comienza con una solicitud de información por parte del Comité de los Derechos del Niño al Estado que contiene hasta 30 preguntas, denominada lista de cuestiones previa a la presentación de informes, conocida como LOIPR por sus siglas en inglés, y que el Comité ha hecho públicas esta semana.
De cara a la prevención de la pobreza infantil, que afecta a uno de cada tres niños y niñas en España, el Comité de los Derechos del Niño ha preguntado al Gobierno sobre la manera en el que este plantea apoyar a las familias en la crianza de sus hijos e hijas. El Comité ha preguntado también al Gobierno por el rol del Consejo Estatal de Participación Infantil en la planificación de políticas de infancia, así como por las medidas adoptadas para promover el asociacionismo infantil.
La manera en la que se va a implantar la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), es otro tema que preocupa al Comité y sobre el que ha pedido información, especialmente en la franja de edad 0-3 años dada su especial vulnerabilidad y también sobre las medidas que se han tomado para adaptar el sistema de Justicia a las necesidades y derechos de los niños y niñas, especialmente en la franja de 14 a 18 años en la que, según la LOPIVI, la prueba preconstituida no es obligatoria.
Otro tema que preocupa al Comité de los Derechos del Niño es la falta de garantías sobre el procedimiento de determinación de la edad de los niños y niñas migrantes no acompañados. Sobre este tema el Comité ha preguntado al Gobierno por las medidas llevadas a cabo para acabar con las violaciones de derechos de estos niños y niñas de las que el Comité tiene constancia y sobre de qué manera van a poder los niños y niñas recurrir una decisión sobre su edad en caso de obtener nueva documentación.
La regulación de la publicidad sobre productos no saludables es otra de las preguntas que el Comité ha preguntado al Gobierno. Actualmente está pendiente de aprobación un Real Decreto Ley destinado a prevenir el consumo de productos no saludables por parte de niños, niñas y adolescentes.
Además, el Comité ha solicitado a España información sobre cómo se integra el enfoque basado en los derechos de la infancia y la adolescencia en la planificación, implementación y seguimiento de las medidas adoptadas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Gobierno tiene un año para responder al Comité sobre las preguntas que este le plantea. Tras analizar la información que el Gobierno proporcione al Comité de los Derechos del Niño, este realizará una serie de recomendaciones. El Estado deberá implementar y dar seguimiento a las recomendaciones que realice el Comité en un plazo de 5 años tras la adopción de las Observaciones Finales. Estas observaciones constituyen un excelente diagnóstico de la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en España y marcan la agenda de los derechos de la infancia para los próximos años. Desde la Plataforma de Infancia se han hecho llegar estas problemáticas al Comité, que se recogen en el informe «La situación de la Infancia en España 2022”, informe que incorpora también la visión de los niños, niñas y adolescentes.
“El Gobierno de España tiene la oportunidad, en el último año de legislatura, de mejorar el permiso parental remunerado , de promover medidas de apoyo a la crianza que reduzcan la pobreza infantil, así como de regular el desarrollo de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia (LOPIVI) a nivel autonómico, y de realizar mejoras en la Ley de Servicios Sociales en relación con los procedimientos de retirada de tutela” ha explicado Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia “En definitiva, es una oportunidad única para poner en marcha políticas que realmente mejoren la calidad de vida y el bienestar de niños, niñas y adolescentes en España”.
Informe de la Plataforma de Infancia “La situación de la Infancia en España 2022”: La situación de la Infancia en España 2022 – Plataforma de Infancia
