Imagen de la Universidad de Deusto – Bilbao
Del 5 al 8 de noviembre tuvo lugar en Bilbao la celebración del XII Congreso Internacional de Infancia Maltratada bajo el título “Construyendo perspectivas. Protección de la infancia, enfoque de derechos de infancia y óptica legal”, en el marco de la conmemoración del XXV Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La Plataforma de Infancia participó en dos espacios. El primero, en el acto de inauguración del Congreso celebrado el 5 de noviembre en el que tomó parte Adolfo Lacuesta Antón, vicepresidente de la Plataforma, que además actuó como moderador de este espacio titulado «Hacia un pacto por la infancia y la erradicación de toda forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes en el marco del XXV aniversario de la Convención de los Derechos del Niño».
Por su parte, Conchi Ballesteros, Responsable de Programas de la Plataforma de Infancia, participó también como moderadora en la Mesa Redonda: “Buenas prácticas para la participación de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la Justicia” celebrada el 7 de noviembre. En este marco, Ballesteros introdujo la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) como marco de trabajo de la Plataforma; y, en particular, el derecho a la participación infantil contemplado en el artículo 12 de la CDN y siguientes, además de recordar que la participación infantil es un principio general de la Convención. Hizo además un recorrido en esta materia por las orientaciones del Comité de los Derechos del Niño al respecto, plasmadas en algunos días de Debate General (de 1999 sobre medidas generales de aplicación y el de 2006 sobre el derecho a ser escuchado), las Observaciones Generales del Comité. Nº 5, de 2003, sobre medidas generales de aplicación; Nº 12, de 2009, sobre el derecho a ser escuchado y Nº 14, de 2013, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. Del mismo modo, las últimas Observaciones Finales del citado Comité a España, de 2010, incluyen recomendaciones sobre la participación infantil.
Igualmente, el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 contempla en su objetivo específico 1.3. el impulso de la sensibilidad social sobre los derechos de la infancia movilizando a todos los agentes implicados y en el objetivo 8 la participación infantil y entornos adecuados: «Promover la participación infantil, favoreciendo entornos medioambientales y sociales apropiados que permitan el desarrollo adecuado de sus capacidades, defendiendo el derecho al juego, al ocio, al tiempo libre en entornos seguros y promoviendo el consumo responsable, tanto en las zonas urbanas como en las rurales en aras de un desarrollo sostenible».
Ballesteros rescató una de las reflexiones de los propios chicos y chicas consultados sobre la aplicación del Plan de Infancia en España: “Los niños no somos escuchados y tenemos mucho que decir, no se nos toma en serio porque somos niños cuando hay que decidir”.
En la mesa a la que asistieron alrededor de 30 personas, intervinieron Marta Kindelán Bustelo, Asesora de la Oficina del Defensor del Pueblo, Teresa Vicente Giménez, Profesora Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia y Fernando Florit de Carranza, Fiscal Decano de Familia y Protección para las Personas con Discapacidad, Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Kindelán sostuvo que «el derecho del niño a ser escuchado en los procedimientos judiciales que les afectan(artículo 12.3 de la CDN) implica no solo que sea oída la opinión que exprese, sino también su consideración primordial en la adopción de la decisión. El hecho de no escucharlo debe motivarse siempre y sólo puede basarse en la renuncia del propio niño a ejercer su derecho o bien que no presente un juicio propio suficiente».
Por su parte, Vicente Giménez trasladó propuestas de mejora del contexto normativo para garantizar la participación de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito jurídico y, en particular, la problemáticas del consentimiento del menor ante las relaciones sexuales en el tramo de 13 a 16 años, considerando que el proyecto de reforma del Código Penal supone un retroceso jurídico en este sentido, apuntando no sólo a la posible vulneración del interés del menor, sino a la criminalización en muchas ocasiones de conductas naturales.
Finalmente, Florit de Carranza, destacó «el papel del Ministerio Fiscal con respecto a los menores de edad en todas aquellas materias en las que por una u otra razón, los menores de edad intervengan en el mundo de la justicia».
