El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer jueves por unanimidad un informe favorable al Anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, lo que significa un paso adelante para hacer efectiva esta ley. El texto del Anteproyecto modifica, entre otras cosas, la prescripción de los delitos de abuso sexual, explotación sexual, pornografía infantil y trata de seres humanos cuando la víctima es menor de edad. En estos casos, la prescripción, que se extiende entre 5 y 15 años, dependiente de la gravedad, comenzará a contabilizarse a partir del momento en el que la víctima cumpla 30 años. Hasta ahora la prescripción empezaba a contabilizarse cuando la víctima cumplía 18 años. De esta manera España cumple con la obligación que dicta la Unión Europea de desarrollar medidas que permitan enjuiciar estas conductas durante un periodo de tiempo suficiente después de que la víctima sea mayor de edad.
El informe recoge también, entre otras modificaciones, el aumento de 13 a 16 años de la edad de la víctima de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (prostitución, explotación sexual y corrupción de menores), la posibilidad de que el juez pueda rechazar el perdón al agresor como causa de extinción de la responsabilidad penal cuando la víctima tenga menos de 18 años o sea una persona con una discapacidad, y la obligación de que el juez, además de oír al representante del niño, niña o adolescente también escuche a estos si tienen capacidad para expresarse o más de doce años.
El CGPJ respalda además la articulación de jurisdicción especializada en infancia pero advierte de que sería imprescindible “un redimensionamiento y una reorganización de la actual planta judicial y de la Administración de Justicia”, pues de lo contrario la finalidad última del Anteproyecto, que es mejorar la protección del menor, sería “muy difícil, si no imposible, de lograr”.En concreto, el CGPJ señala que sería necesario aumentar de forma significativa los órganos judiciales, diseñar una nueva organización territorial de los mismos y aumentar las oficinas judiciales, así como los medios personales y materiales.
Así mismo, el informe señala como positivo establecer, como se incluye en el anteproyecto, el carácter obligatorio de la prueba preconstituida (es decir, que el niño o niña testifique una única vez y sea válido para el resto del proceso judicial), cuando niñas o niños menores de 14 años o personas con discapacidad hayan sido víctimas o testigos de delitos cometidos contra la vida, la integridad física o moral o la libertad o indemnidad sexuales entre otros. Cuando se trate de mayores de 14 años la conveniencia o no de la prueba será establecida por el juez. De este modo, el anteproyecto aplica los estándares internacionales de protección y también la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Este informe normativo del CGPJ pretende introducir en el ordenamiento jurídico los compromisos asumidos por España en la lucha contra la ciberdelincuencia (Convenio de Budapest, 2001), la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia, 2005), la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote, 2007) y la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Estambul, 2011), modificando, de forma parcial, entre otras leyes, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En España, los niños, niñas y adolescentes no cuentan con una regulación específica que trate todas las formas de violencia contra la infancia de una forma integral, tales como malos tratos en la familia, abusos sexuales o acoso escolar. Por ello el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recomendado al Estado español que implemente una ley integral para acabar con la violencia contra la infancia. Los próximos pasos para que el Anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia se convierta en una ley efectiva es que el Consejo de Estado emita también un informe favorable y que el Gobierno la tramite para que el Congreso pueda debatirla y aprobarla. Esta ley debe ir acompañada de una estrategia que desarrolle medidas de sensibilización, prevención, protección y reparación.
