01 de marzo 2019. El pasado miércoles la Comisión Europea publicó su informe país España 2019, también conocido como Semestre Europeo, en el que analiza la situación de las políticas económicas y sociales de España en el marco del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia 2020 y, especialmente, los cambios producidos tras las recomendaciones del último informe de la Comisión a nuestro país. Este informe pone de manifiesto que, a pesar de ciertos avances en cifras macroeconómicas, la Comisión Europea sigue preocupada por la situación de la infancia y la insuficiente inversión pública en infancia en España.
En materia de educación el informe señala que el gasto en educación sigue siendo bajo y los esfuerzos para acordar reformas a largo plazo se han frenado. Aunque el incremento del gasto público en 2016 ha alcanzado el 9,5 % del gasto total, este sigue por debajo de la media de la UE del 10,2% y del nivel máximo alcanzado en 2009 en porcentaje del PIB (4 % frente a 4,6 % en 2009). Esta baja inversión en educación supone un problema especialmente para los hogares de renta más baja, sobre todo cuando los gastos de las familias en educación aumentaron un 34 % entre 2009 y 2016.
La Comisión Europea muestra también su preocupación sobre las elevadas diferencias autonómicas en cuanto a los resultados educativos se refiere. Por ejemplo, el índice de abandono escolar prematuro es muy dispar entre las distintas comunidades autónomas (entre el 7 % y el 26,5 %). A nivel nacional, este índice se situó en el 18,3 % en 2017, 6,3 puntos porcentuales por debajo de su nivel de 2013, pero aún así sigue estando entre los más altos de la UE.
El informe señala también que los niños y niñas se enfrentan en España a uno de los índices más altos de riesgo de pobreza o exclusión social de la UE, muy por encima de otros grupos de edad. Aunque el riesgo de pobreza o exclusión social en el caso de los niños (de 0 a 18 años) cayó hasta el 31,3 % en 2017, sigue siendo muy alto, 1 de cada 3 niños. Por otra parte, se ha encargado al Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, recién nombrado, la evaluación y el seguimiento de las políticas y la promoción de estrategias generales, y se están debatiendo planes nacionales de lucha contra la pobreza infantil.
Finalmente el Informe traslada las «Orientaciones de inversión sobre la financiación de la política de cohesión 2021-2027 para España». En ellas destaca necesidades de inversión altamente prioritarias para mejorar la calidad de la educación y la formación y su pertinencia para el mercado de trabajo; promover la educación y formación inclusivas y de calidad, en especial para los grupos desfavorecidos, y las oportunidades de aprendizaje permanente para todos, en particular para:
- Aumentar los índices de acceso y de finalización en todos los niveles de la educación y la formación, especialmente en las comunidades autónomas con altos índices de abandono escolar prematuro y/o malos resultados educativos;
- Apoyar la adquisición de competencias fundamentales, incluidas las cualificaciones digitales;
promover la formación profesional como itinerario profesional de calidad y altas cualificaciones, también a través del aprendizaje en el lugar de trabajo y los vínculos con los ecosistemas locales de innovación; - Promover el desarrollo profesional y la movilidad de los profesores y los formadores;
apoyar las inversiones en educación y cuidados infantiles y en infraestructuras de educación y formación
También traslada en estas orientaciones de inversión la necesidad de invertir prioritariamente para fomentar la inclusión activa, promover la integración social de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, en particular los niños, los nacionales de terceros países y las comunidades marginalizadas como los gitanos, y reforzar el acceso igualitario y oportuno a unos servicios de calidad y a la protección social, en particular para:
- Desarrollar políticas activas de inclusión, incluido un enfoque de doble vía para las personas con discapacidad; adaptar la protección social a los cambios sociales y del mercado de trabajo;
- Promover la integración social de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, especialmente los niños;
- Luchar contra la discriminación, especialmente en el acceso a la educación, el mercado de trabajo y los servicios sociales; apoyar las infraestructuras de viviendas sociales, conjuntamente con las intervenciones en los ámbitos de la educación, el empleo y la sanidad;
- Reforzar la atención primaria y la atención integrada, inclusive mediante inversiones en infraestructuras y sanidad electrónica, en particular en las comunidades autónomas con peores resultados y con vistas a reducir las desigualdades en el ámbito de la sanidad.
El Gobierno de España trasladará durante las próximas semanas su Plan Nacional de Reformas 2019, con el objetivo de abordar estas preocupaciones de la Comisión Europea. Tras este documento, la Comisión Europea trasladará sus recomendaciones para España. Desde la Plataforma de Infancia consideramos que es apremiante que España trate de abordar a la mayor brevedad las siguientes medidas:
- Asumir un compromiso de incremento progresivo de la inversión en infancia hasta alcanzar la media europea.
- Elaborar el III Plan de Infancia y Adolescencia(PENIA) 2018-2022, s una de las recomendaciones que ha hecho este año a España el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
- Retomar los trabajos para aprobar una Estrategia de Pobreza y Exclusión Socialen la que se comprometa a largo plazo con la reducción de la pobreza infantil en España.
- Establecer el compromiso progresivo de oferta de plazas públicas de educación infantil de primer ciclo, con el objetivo de que España alcance en 2022 la media europea de cobertura pública en esa etapa y aumente la escolarización entre las familias más vulnerables.
- Incrementar la inversión en becas y ayudas al estudio para alcanzar la media europea del 0,44 % PIB en 2022, especialmente en las etapas obligatorias y postobligatorias no universitarias.
Desde la Plataforma de Infancia esperamos que estas medidas sean asumidas por todos los partidos políticos ante las próximas elecciones generales 2018.
