La situación de la infancia en España al inicio de esta legislatura, antes de que estallara toda la crisis del COVID-19, era ya preocupante y requería acciones y medidas contundentes, tal y como nos han recomendado e instado organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño o la Unión Europea.
La crisis del COVID ha llegado sin habernos preparado y recuperado de la anterior, y esto puede ser devastador para la infancia, porque los niveles de pobreza infantil de los que partimos son extremadamente altos y anómalos para un país como España.
Nuestro país contaba, antes del COVID-19, con la segunda tasa más alta de pobreza infantil (26,8%) de Europa, solo por detrás de Rumanía; una pobreza que afecta hoy a casi dos millones y medio de niños y niñas. El abandono escolar (17,3%) es especialmente alto en nuestro país, el más alto de Europa, y especialmente concentrado en los niños y niñas con una situación económica más desfavorecida. En la actualidad existe constancia de más de 16.700 notificaciones de maltrato en el ámbito familiar. Estos datos son solo una muestra de todo el trabajo que hay que poner en marcha.
La crisis del COVID-19 ha tenido un gran impacto en toda la sociedad, pero especialmente en los niños y niñas. Si no se toman medidas a medio y largo plazo, va a ser difícil de revertir problemáticas como el aumento de la pobreza infantil; el aumento de las tasas de abandono y fracaso escolar o de la brecha educativa ante el cierre de los colegios como están alertando todos los expertos ante las dificultades de acceso y de apoyo de los niños y niñas en situación de pobreza o exclusión social; o el empeoramiento de la salud física y mental de los niños y niñas ante las medidas de confinamiento adoptadas.
Y es que esta crisis ha puesto en evidencia que es necesario atender a problemas estructurales. En ocasiones habrá que construir, además de reconstruir, si queremos garantizar el bienestar de la infancia.
Sabemos las consecuencias que tiene no abordar la situación de la infancia con medidas específicas. Lo comprobamos en la última crisis económica, cuando la infancia llegó a ser el grupo social más vulnerable frente a la pobreza en España. También sabemos los beneficios que tiene para toda la sociedad invertir en infancia. Diversos estudios apuntan que invertir en infancia, es decir, en el desarrollo cognitivo del niño y su progreso educativo, en la mejora de sus condiciones de salud, y en reducir el riesgo de exclusión y desempleo futuro, tiene un retorno económico para la sociedad. Las estimaciones de estas inversiones tempranas pueden suponer un retorno del 6% al 10%1.
Además, debemos aprender rápido de lo ocurrido. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que debemos estar preparados con planes de contingencia en los diferentes ámbitos para asegurar una perspectiva de infancia en la respuesta ante posibles rebrotes y situaciones de confinamiento, lo cual parece probable que ocurra en los próximos meses.
Las organizaciones de Infancia consideramos que los siguientes ámbitos y medidas se deberían tener en cuenta para emprender la reconstrucción económica y social con enfoque de infancia. Se trata de propuestas basadas en las Observaciones finales que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas realizó a España en 2018, las cuales instan a España a adoptar una serie de políticas públicas para asegurar el cumplimiento de los derechos de la infancia en nuestro país. Las recomendaciones del Comité deberían ser, sin duda, la guía de la reconstrucción asegurando los derechos de los niños y niñas.
Por una reconstrucción con enfoque de infancia
