En España, a pesar de los avances en el desarrollo legislativo, políticas y sensibilización en derechos de la infancia e igualdad, las carencias de las políticas públicas de ayuda a la crianza tienen un impacto y un coste económico, laboral y emocional en las familias, que repercute en el bienestar y en el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas.
Las instituciones públicas y empresas, y la sociedad en su conjunto, siguen sin poner los cuidados en el centro, ignorando el valor social de la crianza, dando por hecho que es algo que ocurre en la esfera privada, sin que haya políticas familiares y sociales efectivas que lo contemplen, con la consecuente caída de la tasa de fecundidad y el empobrecimiento de los hogares con hijos e hijas.
Esta falta de apoyo público a la crianza supone una anomalía con respecto a los países de nuestro entorno en donde la crianza es apoyada a través de políticas públicas.
