El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra todos los 25 de octubre, según Naciones Unidas, para recordar que todo tipo violencia ejercida contra mujeres y niñas es una violación de los derechos humanos y es consecuencia de la discriminación que sufren, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género. Según el Informe global de 2014 sobre la trata de personas publicado por Naciones Unidas:
- 1 de cada 3 víctimas de la trata en el mundo es menor de edad.
- El 35% de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. En algunos países esta cifra asciende al 70%
- En el mundo, en la actualidad, más de 700 millones de mujeres se casaron cuando eran niñas, de las cuales 250 millones eran menores de 15 años. Las niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 tienen menos probabilidades de terminar su educación y más de sufrir violencia doméstica y complicaciones en el parto.
¿Qué ocurre en España en materia de lucha contra la violencia de género?
En el 2004 se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género con el fin de hacer visible la violencia de género, reducir el número de víctimas y ofrecer herramientas para la asistencia de las víctimas. 10 años más tarde de dicha aprobación expertos coinciden en que todavía es necesario desarrollarla y, sobre todo, dotarla de presupuesto suficiente para que sea más efectiva. Ana Mato Adrover, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha reducido en un 30%, en los últimos tres años, los fondos destinados a combatir la violencia de género. Y, aunque en las previsiones para 2015 en los Presupuestos del Estado para la Igualdad y la Violencia de Género se ha corregido esta cifra incrementando un 8,6% la partida dedicada a este tema (20,82 millones de euros irán destinados a fomentar la igualdad y 23,7 millones, a luchar contra la violencia machista), resultan insuficientes para atajar el problema con eficacia. No obstante, hace unos días Mato declaró que la protección de los menores cuyas madres son víctimas de violencia de género será una prioridad para su Gobierno. El Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016, aprobado en abril del año pasado en Consejo de Ministros, contiene medidas de detección en las escuelas y los centros de salud, y establece la creación de un registro de menores víctimas. La mayor controversia existe dentro de la reforma de la legislación de protección del menor prevista por Sanidad (Anteproyectos de Ley Orgánica y de Ley de Protección a la Infancia), sin embargo, tiene que ver con la intención manifiesta de Mato de modificar el artículo 1 de la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para hacer posible la consideración de los menores como víctimas directas. Según datos de la macroencuesta de violencia de género de 2011 realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 64,9% de las mujeres que habían sufrido maltrato tenían hijos menores de edad cuando dicho maltrato se estaba produciendo. En relación a esto, en lo que va de año y de acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad, 19 menores de edad han quedado huérfanos tras el asesinato de sus madres. Según la ya citada macroencuesta de 2011, 840.000 menores viven en España en un entorno de violencia. O, lo que es lo mismo, el 10,1% de la población infantil. De ellos, 547.000 la sufren de forma directa (6,1%). Aunque el impacto de la violencia, haya o no agresiones físicas hacia los hijos, se entiende como que es siempre directo porque el daño psicológico es muy grave. Por otra parte, asociaciones feministas coinciden en que en la actual Ley están plasmadas cuestiones que en la práctica son auténticas grietas, como la retirada de la patria potestad, la custodia o la regulación del régimen de visitas. De acuerdo con el artículo 65 y 66, los jueces pueden suspender para el inculpado estos tres derechos, pero ocurre en muy contadas ocasiones en la práctica. Ahí subyace la idea de que el maltratador no tiene por qué ser un mal padre, cuando el mero hecho de someter a tu hijo o hija a un entorno de violencia, aunque las agresiones no se dirijan a él o a ella, crea un daño psicológico tremendo. Es primordial eliminar la idea de que, en un contexto de violencia, el interés del menor es siempre relacionarse con sus dos progenitores. Presuponer esto no hace más que alimentar la prolongación de la violencia hacia la madre utilizando a los hijos como instrumento, tal y como ocurrió con el caso de Andrea, la niña que fue asesinada por su padre y cuyo caso hizo que la ONU condenara a España tras desoir más de 30 veces a la madre, víctima de violencia de género. En un año, de 2011 a 2012, los procesos judiciales por violencia de género en adolescentes se han incrementado un 30%. Han pasado de 473 a 632, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2013. Son los primeros datos claros y tangibles de este delito en menores de edad (antes de esas fechas se recogían como violencia intrafamiliar). Aunque los expertos avisan de que la cifra es solo una migaja de realidad, la que llega a los tribunales. Muchas familias no denuncian lo que les ocurre a las chicas. Otras no llegan a identificar la situación de maltrato. El Comité de Derechos del Niño en sus Observaciones Finales de 2010 recomendaba a España ”la aprobación de una ley integral de violencia contra la infancia, similar a la que existe sobre violencia de género o doméstica, que garantice la reparación de sus derechos y unos estándares mínimos de atención en las diferentes CCAA” Desde la Plataforma de Infancia consideramos que la medidas hasta hoy impuestas no han sido suficientes para frenar las atrocidades cometidas sobre las víctimas de violencia de género, especialmente de los niños y de las niñas que terminan siendo doblemente el blanco de los maltratadores. Es imprescindible, por tanto, terminar de desarrollar la ley de protección de la infancia -«que considera a los hijos de las mujeres maltratadas como víctimas directas del maltrato»-, la reforma del Código Penal -«que incluye el acoso y el hostigamiento a través de las nuevas tecnologías como nuevos delitos penales»-, y por «comarcalizar y reorganizar las competencias de los juzgados» con el fin de poder mejorar la asistencia judicial, reforzando los sistemas de valoración integral de género en todos los juzgados y no sólo en los ya especializados. Algo para lo que no se necesitaría una partida presupuestaria alta, sino un reparto racionalizado de la carga de trabajo de los tribunales. Asimismo, la Plataforma de Infancia sostiene que el mejor antídoto para erradicar la violencia de género es una mejor educación en igualdad porque es la principal herramienta que puede contribuir a la lucha contra cualquier tipo de violencia.
