El pasado miércoles 10 de mayo, salió a la luz el informe sobre la visita de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović y su equipo a España entre el 21 y el 25 de noviembre de 2022. El informe valora de forma positiva los avances en la protección derechos sociales del último año, pero se señala que “el sistema de competencias de España, repartido entre el gobierno central y las Comunidades Autónomas, puede llevar a una desigualdad en el uso y disfrute de los derechos sociales según el lugar en el que se habite”. Para hacer frente a este problema, la Comisaria “invita a una mejor coordinación y distribución de las competencias”.
Pobreza
Frente a las medidas de austeridad con las que se trató de atajar la anterior crisis, Dunja Mijatović valora positivamente “la activación ante la pandemia del Escudo Social y ve como positivas varias de las acciones que se llevaron a cabo, como el bono energético, los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital, la moratoria en el pago de los alquileres e hipotecas, la paralización de los desahucios, etc”.
Sin embargo, señala que España sigue teniendo altos niveles de pobreza, en especial entre las familias. En 2021, el 54% de las familias monoparentales estaba en situación de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), mientras la pobreza infantil afecta a uno de cada tres niños y niñas en nuestro país (33,4 %).
Vivienda
Respecto a la vivienda, la comisaria Mijatović señaló que “no debería ser tratada como un bien asequible sólo para algunos. El derecho a una vivienda digna es un derecho humano central para el completo disfrute de la mayoría de los demás derechos”, sostiene Mijatović, para quien la Ley de Vivienda, recientemente aprobada, aborda algunos de los principales escollos para garantizar este derecho.
La tasa de privación de vivienda se ha deteriorado (del 1,5% en 2015 al 3,4% en 2020), lo que muestra un empeoramiento de las condiciones de vida entre ciertos grupos de población, incluidos los jóvenes, los hogares de bajos ingresos y las familias con niños. Además, el gasto elevado en vivienda en España es alarmante, el 76% de las personas de bajos ingresos gastan más del 40 % de sus ingresos en el alquiler. La comisionada invita a España a extender la paralización de los desahucios (creada a partir de la COVID-19) a las familias vulnerables hasta que estas obtengan alternativas habitacionales.
Otro de los problemas que ha preocupado a la Comisaria ha sido el de los cortes de energía de la Cañada Real, que lleva si luz desde octubre del 2020. Esto afecta a 4500 personas, de las cuales 1800 son niños y niñas. Este es el primer caso de queja colectiva a España ante el Comité Europeo de Derechos Humanos.
Salud
En el ámbito de la salud, Mijatović advierte sobre “la pérdida de universalidad de la atención sanitaria y el grave impacto que tuvo la pandemia sobre los grupos más vulnerables, como las personas mayores o sin hogar”. Según el reporte final, España “debe hacer más para reforzar el acceso universal a una atención sanitaria pública de calidad” en todo el territorio. Algo que pasa, insiste, por corregir la “inversión insuficiente en atención primaria” y las “precarias condiciones de empleo” de los trabajadores de la salud”. La comisaria también insta a España a garantizar una salud sexual y reproductiva “de alta calidad” que sea “completamente accesible” mediante servicios públicos en todo el país, en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Derechos humanos
En relación con la garantía de los derechos humanos, se han detectado problemas en los procedimientos de asilo caracterizados por los largos tiempos de espera, y con fallos a la hora de identificar vulnerabilidades de los solicitantes. Los principales problemas se centran en Melilla y Ceuta. Según ACNUR, en 2021 se estima que unos 4.173 niños llegaron a España por mar, un 7% más que en 2020 (3.890). De estos, 2.856, el 68 %, no estaban acompañados. Además, insta a España a mejorar sus sistemas de prevención y detección del tráfico de personas, en especial de mujeres y niños.
Por último, la Comisaria Mijatović acoge con satisfacción la adopción de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia contra la violencia, fortaleciendo el sistema de protección a la niñez, incluidos los solicitantes de asilo. Sin embargo, también se muestran preocupados por los trámites sobre evaluación de edad, sin supervisión por parte de la fiscalía y sin regirse por los estándares internacionales, y obtención de la documentación de estos menores de edad, en línea con las propuestas de la Plataforma de Infancia.
