La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato Adrover, anuncia en el marco del Consejo de Ministros del pasado viernes, la activación de un Plan Social de Apoyo a entidades sociales especializadas preferentemente en proyectos de ayuda a familias, madres, infancia, personas mayores y personas con discapacidad. Está dotado de 687 millones de euros.
Parte de esos 687 millones de euros del Plan Social servirá para aliviar la situación de tesorería en la que se puedan encontrar algunas organizaciones. Ello se traducirá en que miles de trabajadores podrán cobrar sus nóminas y en la revitalización de proyectos estancados por problemas de liquidez. Gracias a este Plan, Mato confía en paliar situaciones de riesgo de exclusión social.
Alrededor de 29.000 entidades forman actualmente el Tercer Sector en España, que presta servicios y asistencia a unas 6 millones de personas. El volumen de deuda de las entidades sociales con las administraciones públicas oscila entre 150 y 350 millones de euros, según las propias plataformas que agrupan a las ONG de acción social.
La
Plataforma de Tercer Sector, alianza de la que la Plataforma de Infancia toma parte como miembro colaborador, sostiene que
«estas medidas han sido aprobadas gracias a la constitución de la Comisión para el Diálogo Civil junto con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad». A juicio de esta Plataforma, lo acordado por el Ejecutivo
«supone un primer paso tras la constitución de esta Comisión, si bien subraya que los problemas sociales siguen existiendo y siguen siendo muy graves por lo que debe aprobar más iniciativas legislativas que desarrollen un marco que solucione las necesidades de los más desfavorecidos».
El Plan de Apoyo a ONG se circunscribe en un Real Decreto Ley que regula un Plan más amplio del Gobierno pensado para la sostenibilidad financiera de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, así como de las entidades que proveen servicios a la administración, y que el Gobierno desplegará a lo largo del presente ejercicio. El Real Decreto está integrado por medidas urgentes contra la morosidad por el que se pone a disposición de los ayuntamientos medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez, que también podrá utilizarse para saldar las deudas contraídas con las organizaciones no lucrativas.
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