La modificación de la estructura de Gobierno publicada mediante el Real Decreto 2/2020 de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales tendrá implicaciones importantes en materia de infancia.
Una de las novedades más destacables es la creación de un Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 cuyo máximo responsable será Pablo Iglesias Turrión. Este Ministerio tendrá asignadas las funciones de propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de bienestar social, familia, protección del menor, cohesión y atención a las personas dependientes o con discapacidad, juventud, así como de protección de los animales. Además, corresponderá al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de impulso para la implementación de la Agenda 2030. Este Ministerio se estructurará en dos órganos superiores: la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y la Secretaría de Estado para la Agenda 2030.
Durante los próximos días, las entidades sociales de infancia estaremos muy pendientes de la ubicación de competencias relevantes para los niños, niñas y adolescentes, la estructura de las nuevas Direcciones Generales que se conformen y la definición y reparto competencial de los diferentes departamentos.
Los grandes retos de cara a esta nueva legislatura para este nuevo Ministerio y para el Gobierno que se está conformando serán numerosos: la aprobación de la Ley Integral que luche contra la violencia hacia la infancia, abordar las carencias del sistema de protección, la realidad de los niños migrantes no acompañados, fomentar la participación infantil o luchar contra la pobreza infantil entre otros asuntos. Además, el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, pendiente desde el año 2016 deberá ser otra de las cuestiones prioritarias a impulsar por parte del nuevo Gobierno.
Otros retos incluidos en los compromisos del acuerdo de PSOE y Unidas Podemos para el Gobierno de Coalición como la nueva Ley de Educación, la universalización de la educación 0-3 años, el sistema de ayudas y becas o la lucha contra la segregación seguirán recayendo en el Ministerio de Educación cuya máxima responsable será Isabel Celáa.
Además, el Ministerio de Justicia cuyo papel ha sido y es fundamental en la elaboración y eventual aprobación de la ley integral contra la violencia hacia la infancia o el Ministerio de Asuntos Exteriores que deberá impulsar la Garantía Infantil Europea en la negociación de los instrumentos financieros que regirán el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea también serán dos ministerios que contarán con competencias relevantes que repercutirán en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Merece una especial mención la creación de un nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones bajo cuya responsabilidad recaerán las políticas migratorias que podrán afectar a los niños, niñas y adolescentes migrantes.
La ausencia de memoria económica que concrete las medidas contenidas en el acuerdo de coalición de gobierno es un motivo para el escepticismo. Además, muchos de los compromisos adquiridos en el acuerdo de coalición suscrito por PSOE y Unidas Podemos quedarán necesariamente supeditados a la aprobación de Presupuestos Generales del Estado cuya negociación y eventual aprobación son todavía a día de hoy un horizonte incierto.
