El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlament, centrada en la presentación de las conclusiones de suInforme sobre Malnutrición Infantil en Cataluña, denunció la falta de medidas urgentes para paliar la malnutrición infantil relacionada con la pobreza en Cataluña, lo que supone, según sentenció, un “déficit de las políticas públicas que habría que corregir”.
Las conclusiones del informe revelan que la malnutrición infantil afecta a unos 50.000 niños y niñas. Estas cifras se han basado en los datos oficiales del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), del propio Departamento de Salud de la Diputación y de las organizaciones sociales de infancia que trabajan en Cataluña.
Según este informe, 751 casos de niños y niñas han sido atendidos por los servicios médicos catalanes a junio de 2013 con síntomas de desnutrición, que la Sindicatura relaciona con la pobreza extrema. La malnutrición, se aclara en el informe, supone que un menor de edad sigue una dieta desequilibrada y carente en algunos nutrientes, mientras que la desnutrición es algo más grave e indica que el niño o la niña están pasando hambre.
Tras la comparecencia de Ribó, el total de los grupos parlamentarios a excepción de CIU, han apoyado las conclusiones del Síndic y han exigido la comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlament de los consejeros de Salud, Educación y Bienestar Social, para dar cuenta de las acciones que se han de llevar a cabo para paliar el problema de la malnutrición infantil en Cataluña.
La Plataforma de Infancia considera que acciones como éstas refuerzan el papel de las Defensorías del Pueblo y del Menor en las Comunidades Autónomas, que en la actualidad gozan de un amplio reconocimiento y legitimidad logrados gracias al rigor e independencia de sus actuaciones y están dotadas de la potestad para conocer las actuaciones de las Administraciones Públicas con vistas a supervisar irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Por esta razón, pese a la decisión del Gobierno central de plantear entre las medidas de austeridad, la supresión de las Defensorías en el marco de la reforma de las Administraciones Públicas, y que ya se han hecho efectivas, en el caso de Castilla-La Mancha y el Principado de Asturias, la Plataforma de Infancia recomienda el mantenimiento de la figura del Defensor del Pueblo en las Comunidades Autónomas y recuerda que la supresión de este tipo de instituciones supone un retroceso de los Derechos Humanos y, de forma más específica, de los Derechos de la Infancia.
En el Informe Complementario al III y IV Informe de aplicación de la CDN en España presentado ante Naciones Unidas y publicado por la Plataforma de Infancia en 2010, se hacía mención al fortalecimiento que desde la figura de las Defensorías del Pueblo y del Menor se hace de las cuestiones de infancia, ampliamente extendida en el territorio nacional y autonómico. Por esta razón, Ángel Hernández Martín, Director de la Plataforma de Infancia, recuerda que “la supresión de estos organismos supondría un vacío en el control de la gestión pública y una indefensión de la ciudadanía ante actuaciones de las Administraciones Públicas”.
