En una reunión celebrada en Madrid el pasado 3 de marzo, el Director General de Política Social, de las Familias y de la Infancia, Juan Carlos Mato Gómez y la Plataforma de Infancia, sucedida por su Junta Directiva y representantes de sus organizaciones socias especializadas en el ámbito de la protección y los malos tratos de niños y niñas, trasladaron propuestas y preocupaciones de cara a la modificación de la Ley 1/96 de Protección Jurídica del Menor, del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, anunciada por la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, en declaraciones a los medios de comunicación.
Juan Mato propuso compartir con la Plataforma de Infancia y sus organizaciones socias el conocimiento y la experiencia de esta red con vistas a la reforma en curso de la Ley, al tiempo que informó acerca de las consultas que se están llevando a cabo desde el Ministerio hacia los diferentes interlocutores; Comunidades Autónomas, otros entidades sociales, el Consejo Estatal de ONG de Acción Social, entre otros.
Entre los aspectos más relevantes Mato destacó que la Ley no ha sido hasta el momento objeto de reforma, lo que ha dotado de estabilidad el sistema. No obstante, desde su aprobación, la situación de la población infantil en España ha cambiado, por lo que se hace necesaria una adaptación de la misma al nuevo contexto.
En concreto, se abordarán aquellos aspectos no resueltos o mal resueltos en la legislación vigente, entre ellos, la necesidad de prestar más atención a las intervenciones una vez identificada la situación de riesgo y antes de proceder a la declaración de desamparo; la revisión de las definiciones de “desamparo” y “guarda” para su mejora; asegurar los derechos de niños y niñas a la búsqueda de la familia de origen; garantizar una debida atención de los niños y niñas con trastornos de conducta, dotando de mayor seguridad jurídica al conjunto del sistema, entre otros aspectos.
Por su parte, Ángel Hernández Martín, Director de la Plataforma de Infancia, agradeció el compromiso del Gobierno por avanzar con cambios legislativos para la mejora del ámbito referido al entorno familiar y otro tipo de tutela en general, más allá del mero sistema de protección. Del mismo modo, Hernández apuntó la necesidad de defender el principio del interés superior del menor de manera que permita una interpretación homogénea del mismo; la priorización del acogimiento familiar sobre el residencial; mejoras en la coordinación, recopilación y análisis de datos, la necesidad de designar los recursos necesarios, reforzar el reconocimiento de la infancia como titular de derechos (principio de participación infantil), además de otros aspectos priotarios también propuestos por las entidades socias de la Plataforma de Infancia presentes: Aldeas Infantiles SOS, Cáritas Española Cruz Roja Juventud, Colectivo La Calle, MACI, Diaconía, FAPMI, Federación INJUCAM, Fundación Anar,Fundación Diagrama, Fundación O´Belén, Fundación Meniños, Proyecto Solidario, Save the Children, UNICEF y la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.
Juan Mato adelantó que entre los próximos pasos está la puesta en marcha de un plan de cooperación técnica propuesta a las Comunidades Autónomas, que facilite la unificación de criterios y la difusión e intercambio de conocimiento, además de la consideración de la adopción más allá de los 18 años, entre las medidas más destacadas.
