El pasado 16 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó el resultado del Examen Periódico Universal (EPU) a España. El EPU es un mecanismo del en virtud del cual todos los Estados miembros de Naciones Unidas se someten cada cinco años a una revisión por parte de los demás Estados de sus logros y retos pendientes en materia de derechos humanos.
En el documento adoptado, España acepta 252 de las 275 recomendaciones recibidas el pasado 22 de enero por parte de 110 Estados. Además, el Gobierno español toma nota de otras diez recomendaciones y acepta parcialmente otras trece. Entre las múltiples recomendaciones se incluyen apartados en materia de salud, la educación, el empleo, la vivienda, el medio ambiente, las personas mayores y los retos demográficos.
En lo que respecta a las recomendaciones aceptadas en materia de infancia, España se compromete a incrementar la formación especializada dirigida a autoridades judiciales en materia de derechos de infancia y a articular garantías procesales específicas para las víctimas menores de edad tal y como contempla el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia.
Además, España se compromete a asegurar la existencia de mecanismos efectivos y accesibles de denuncia cuando se produce una violación de los derechos un niño o una niña, a impulsar el desarrollo de prestaciones que aseguren ingresos mínimos a toda la población y contribuyan a erradicar la pobreza infantil y a adoptar en esta legislatura, una Ley de Diversidad Familiar para reconocer y proteger todos los tipos de familia
En lo que respecta a los niños y niñas migrantes no acompañados, España acepta la recomendación de desarrollar un protocolo de determinación de la edad de acuerdo con el ordenamiento jurídico internacional e informa sobre el desarrollo de actuaciones de coordinación interministerial e interadministrativa para la actualización del Protocolo en vigor de acuerdo con las Recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos del Niño. Además, España informa sobre el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo Interministerial de Menores Migrantes en la elaboración de un “Modelo compartido de atención integral a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados”, con el que el Gobierno español tratará de dar una respuesta coordinada entre todas las entidades y organismos implicados.
En cuanto a las recomendaciones que no han sido aceptadas en su totalidad, España toma nota sobre la recomendación para elevar la edad mínima para contraer matrimonio de 16 a 18 años, aunque señala que actualmente no está prevista ninguna reforma legislativa en ese sentido. España acepta sólo parcialmente la recomendación de fortalecer la capacidad del Defensor del Pueblo para tramitar las quejas formuladas por niños y niñas la reapertura del Defensor del Menor en Madrid informando que la supresión de esta oficina en la Comunidad de Madrid no ha supuesto ninguna merma de los derechos de los niños ya que existen cauces para que los niños y niñas presenten quejas ante la oficina nacional del Defensor del Pueblo.
En lo que se refiere a las recomendaciones en materia de educación El Gobierno español se compromete a impulsar la adopción de medidas dirigidas a combatir el abandono y fracaso escolar, en particular, de los niños, niñas y adolescentes de entornos vulnerables y destaca el nuevo Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) que prevé medidas en ese sentido. España se compromete también a impulsar la adopción de medidas que promuevan la universalización de la educación pública infantil, así como a garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada, la prevención de las dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten las mismas.
Desde la Plataforma de Infancia se elaboró un documento evaluando el grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas a nuestro país hace cinco años. En este documento, se instaba al gobierno español a aumentar la inversión real destinada a infancia, a incrementar de manera progresiva la prestación por hijo a cargo, a garantizar los derechos de los niños y niñas extranjeros no acompañados, a garantizar una educación inclusiva de calidad y en condiciones de igualdad para todos los niños y niñas, a mejorar los procedimientos de identificación y atención de necesidades especiales de niños y niñas víctimas de trata y a potenciar mecanismos que aseguren el derecho a ser escuchados.
Consulta el documento de las observaciones formuladas por España a las recomendaciones recibidas con ocasión del tercer ciclo del Examen Periódico Universal. Este documento, que incluye la posición de España con respecto a las recomendaciones dirigidas a nuestro país, servirá de referencia para el próximo ciclo del EPU (2025) y, antes de ello, para el informe intermedio que el Gobierno se ha comprometido a presentar de cara a 2022.
