Aumentar la inversión real destinada a infancia, incrementar de manera progresiva la prestación por hijo a cargo o garantizar los derechos de los niños y niñas extranjeros no acompañados son algunas de las recomendaciones de la Plataforma de Infancia de cara al Examen Periódico Universal a España.
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se pone en marcha cada cinco años con el objetivo de mejorar la situación de los derechos humanos en los 193 estados miembros de Naciones Unidas. 42 Estados son revisados cada año y reciben recomendaciones del resto de estados miembros de las Naciones Unidas. A principios de 2020 le vuelve a tocar el turno a España y hasta el 18 de julio las organizaciones de la sociedad civil pueden enviar sus recomendaciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Plataforma de Infancia ha preparado un documento evaluando el grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas a nuestro país hace cinco años, así como de los nuevos desafíos para la infancia. Esta información se ha elaborado a partir de un proceso de consulta a las 67 organizaciones miembro de la Plataforma de Infancia y del diagnóstico realizado por la organización para redactar el Informe Complementario al V y VI Informe de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
En el último Examen Periódico Universal el Estado español aceptó evaluar los efectos de las medidas de austeridad en los niños así como cuatro recomendaciones dirigidas a la lucha contra la pobreza tras la crisis económica, dando prioridad a las personas que viven extrema pobreza y a los niños y niñas, y teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los niños y niñas migrantes en su acceso a derechos básicos.
Según la Plataforma de Infancia, aunque ha habido algunos avances en los últimos cinco años para luchar contra la pobreza, como la creación en 2018 del Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil, la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social o el Real Decreto de marzo de 2019 que aumenta levemente la prestación por hijo a cargo; estas medidas son insuficientes.
Además, no se ha puesto en práctica una medida fundamental para evaluar los efectos de las medidas de austeridad en los niños, como es la recomendación que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas hizo a España en 2018 sobre la necesidad de especificar en los presupuestos públicos las partidas destinadas a la infancia. El Gobierno presento un informe de impacto de infancia de los Presupuestos de 2019, pero finalmente estos no fueron aprobados.
La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) ha ido disminuyendo desde 2014; sin embargo, sigue siendo de las más altas de Europa. La brecha en la tasa de pobreza en España entre los hogares sin y con niños, niñas y adolescentes es tres veces superior a la UE27. España invierte cerca del 1,3% del PIB en políticas de protección a la infancia, cuando la media europea se sitúa en el 2,4% del PIB.
“Tenemos altas tasas de pobreza infantil pero invertimos poco en proteger a la infancia. La consecuencia es que, además de afectar al desarrollo y posibilidades de estos niños y niñas, se perpetúan las situaciones de pobreza y exclusión, heredándose de padres a hijos”, explica Adolfo Lacuesta, Presidente de la Plataforma de Infancia.
La Plataforma de Infancia recomienda al Estado español firmar un pacto de Estado en la próxima legislatura (2019-2020) que garantice el aumento progresivo de la inversión real dedicada a la infancia, hasta alcanzar la media europea (2,4% del PIB) y asegurar su no regresividad en épocas de crisis económica. Además, incrementar la prestación por hijo a cargo progresivamente hasta el 2022 tanto en umbrales, para alcanzar, al menos, a todos los niños y niñas en situación de riesgo de pobreza, como en cuantía (hasta 100 euros mensuales). Esto supondría beneficiar a cerca de 2 millones y medio de niños y niñas y reducir la tasa de pobreza infantil en un 18%.
En el último EPU España también recibió varias recomendaciones dirigidas a la protección de los menores extranjeros no acompañados. La Plataforma de Infancia considera que ninguna de ellas se ha puesto en práctica en este periodo, no habiéndose garantizado la protección de los niños y niñas extranjeros no acompañados.
Las recomendaciones de la Plataforma de Infancia están en la línea de las realizadas por el Defensor del Pueblo Español y por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas: regular por ley el procedimiento de determinación de la edad, absteniéndose de utilizar métodos médicos basados en el análisis de los huesos y el examen de la dentición por su imprecisión, considerar auténticos los documentos de identidad que aporten los niños y niñas emitidos por sus Consulados o Embajadas, y garantizar el derecho a ser oídos de los niños y niñas mediante la asignación de un representante legal y de asistencia letrada.
El documento recoge también otras recomendaciones como son aumentar la inversión para garantizar una educación inclusiva de calidad y en condiciones de igualdad para todos los niños y niñas, aprobar una Ley Integral para acabar con la Violencia hacia la infancia, mejorar los procedimientos de identificación y atención de necesidades especiales de niños y niñas víctimas de trata, o potenciar mecanismos que aseguren el derecho a ser escuchados de los niños, niñas y adolescentes.
