Madrid, 10 de febrero de 2023. Según la Plataforma de Infancia, organización compuesta por más de 70 organizaciones de infancia, el marco legislativo español tiene graves carencias en los procesos administrativos que pueden acabar con la separación del niño o niña de su familia. De hecho, la falta de garantías en las retiradas de tutela en nuestro países es una de las grandes preocupaciones tanto de las organizaciones de infancia como del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, por la situación de indefensión y la vulneración de derechos que supone para los niños, niñas y sus familias.
Esta vulneración de derechos se produce ante la inexistencia de obligación de una resolución administrativa de declaración del riesgo como garantía mínima en un procedimiento administrativo; la falta de instrumentos técnicos que permitan hacer una valoración del riesgo en cada caso; la falta de asistencia jurídica a las familias y a los niños y niñas; o la falta de plazos que impidan que los procedimientos se extiendan sin límite, lo que provoca demoras inadmisibles en los procesos de tutela por el Estado. Ante esta falta de garantías, en 2018 el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas instó a España a velar por el control judicial de las retiradas de tutela.
La Plataforma de Infancia ha enviado al Gobierno sus preocupaciones y propuestas para poder reforzar las garantías de estos procedimientos a través de la tramitación de la Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales que se encuentra ahora en trámite de audiencia pública. “Creemos que es una oportunidad única para garantizar que los niños y niñas y sus familias puedan ser escuchados, y para que se protejan sus derechos ante una cuestión de tanta trascendencia como es la separación de un niño o niña de su familia” explica Ricardo Ibarra, Director de la Plataforma de Infancia.
Las propuestas de la Plataforma de Infancia incluyen medidas dirigidas a reforzar las garantías como la formalización del riesgo mediante resolución administrativa o la garantía de la asistencia letrada. La organización ya transmitió estas preocupaciones y propuestas al Gobierno en el procedimiento de tramitación de la Ley Orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), propuestas que no fueron incorporadas a dicha ley.
Las organizaciones de infancia, además, señalan que España no cuenta con medidas suficientes para apoyar a las familias y prevenir las separaciones innecesarias y evitables y continúa poniendo el foco en la separación del niño o la niña y no en la prevención y piden que los esfuerzos de los servicios sociales se centren en apoyar a las familias para que estas puedan ejercer la crianza. Consideran fundamental, en este sentido, destinar los medios económicos y sociales necesarios para dar respuesta a problemas como la falta apoyos económicos a las familias para la crianza, las dificultades en la conciliación, las dificultades de acceso a las escuelas 0-3 o la falta de formación de las familias en parentalidad positiva.
“Tal y como reconocen todos los estándares internacionales así como la legislación española, los niños y niñas tienen derecho a vivir en familia y el estado debe adoptar políticas públicas eficaces para garantizarlo, siempre que el interés superior de ese niño o niña no justifique una separación” añade Ibarra.
