Ante la celebración el próximo 23 de julio de elecciones generales la Plataforma de Infancia ha trasladado a los principales partidos políticos concurrentes una serie de propuestas destinadas a garantizar los derechos de la población infantil y adolescente, generalmente invisibilizada en los programas políticos.
La infancia es un sector especialmente vulnerable de la población. Las niñas y los niños son el colectivo con mayor riesgo de pobreza (un 27,8% frente al 19% de las personas adultas); la violencia que sufren suele permanecer oculta; y su derecho a la participación no está garantizado, por mencionar algunas de las problemáticas específicas a las que se enfrentan.
En palabras del director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, “en un contexto como el actual, las posibilidades de desarrollo y oportunidades de la población infantil se han visto afectadas. España es uno de los países con mayores retos en la protección a la infancia. La infancia debe ser una prioridad absoluta para los partidos políticos que concurren en las próximas elecciones generales. Los programas políticos deben abordar los principales retos específicos que limitan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país”.
Las Cortes Españolas deben seguir teniendo un espacio específico para abordar las políticas de infancia. Para ello, se debe garantizar una Comisión Legislativa específica de infancia en el Congreso de los Diputados y en el Senado, una reivindicación histórica de las organizaciones de infancia. En este sentido, la Plataforma de Infancia propone también fortalecer y consolidar el Consejo Estatal de Participación infantil y Adolescente, como órgano estable de participación infantil de la Administración estatal, que permita trasladar las propuestas de las niñas, niños y adolescentes en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas que les afectan.
España no sólo es uno de los países que menos invierte en protección social a la infancia y a las familias (1,6 % del PIB) de la media de la Unión Europea (2,5% del PIB), sino que, además, la inversión que hace es ineficiente e inequitativa. Para Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma, “España carece de una prestación económica universal que apoye a las familias para asumir y afrontar los costes de la crianza. También son necesarios permisos suficientes durante el nacimiento, que permitan al menos los 6 meses de lactancia materna exclusiva que recomienda la OMS, o permisos remunerados para los cuidados durante el resto de las etapas del niño o niña”.
La Plataforma de Infancia propone a los partidos políticos incluir en sus programas una ayuda a la crianza de carácter universal, a través de deducciones fiscales reembolsables en el IRPF, con el objetivo de aumentar las ayudas destinadas a cubrir los costes de la crianza en España, reducir la desigualdad en el acceso a los beneficios fiscales por parte de los hogares con rentas más bajas, así como prevenir y reducir la pobreza infantil y su intensidad, entre otras medidas de apoyo a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, como las monoparentales.
En el ámbito educativo, el sistema actual está contribuyendo a que aumenten las desigualdades. España es el tercer país de la OCDE con mayor segregación socioeconómica en educación primaria. Para hacer frente a esta situación, la Plataforma de Infancia propone aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio y avanzar en el compromiso de la universalización de la educación de 0 a 3 años. La Plataforma de Infancia también propone aprobar una Ley Orgánica de universalización de la Atención Temprana que garantice la atención temprana universal, gratuita, intersectorial y especializada como derecho subjetivo de todo niño o niña de 0 a 6 años.
Por último, la violencia que sufre la infancia es una realidad muy preocupante. En 2021, se presentaron 55.354 denuncias que tenían como víctima a una niña, niño o adolescente. La aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) ha supuesto un gran avance, sin embargo, hay medidas que la propia legislación prevé que aún no han sido desarrolladas, como la creación de una Fiscalía y Juzgados especializados en violencia contra la infancia, que evite la revictimización que sufren los niños y niñas víctimas de violencia en el sistema judicial.
«Ante la próxima cita electoral del 23 de julio, los partidos políticos deben comprometerse a defender los derechos todos los niños, niñas y adolescentes desde las instituciones públicas, asumiendo en sus programas electorales el compromiso de situar a la infancia y adolescencia en el centro de la agenda política” ha añadido Ibarra.
Más información ⇒ Propuestas de Infancia para programas electorales. Elecciones Generales 2023
