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La Comisión Europea insta a España a introducir más medidas de conciliación en su ordenamiento jurídico

22 Nov, 2023 | INTERNACIONAL

La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber informado sobre las medidas adoptadas para transponer la Directiva (UE) 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de progenitores y cuidadores, que obliga a los Estados miembro a desarrollar medidas de conciliación que garanticen los derechos de niños, niñas, adolescentes y sus familias. 

Esta Directiva obliga a los Estados a introducir medidas de conciliación en su normativa estatal, entre las que destacan: permisos parentales de cuatro meses por progenitor hasta los ocho años, de los cuales, dos meses deben ser intransferibles y remunerados; permisos para cuidadores de cinco días laborables al año; el derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor por motivos familiares urgentes o inesperados, con una prestación económica adecuada y medidas sancionadoras efectivas en caso de incumplimiento de las medidas de conciliación. Además, la Directiva anima a los Estados a adaptar estas medidas a necesidades específicas, como las de las familias monoparentales, progenitores adoptivos y otras circunstancias particulares como nacimientos múltiples o prematuros.  

Los Estados miembros tenían de plazo hasta el 2 de agosto de 2022 para trasponer la Directiva en sus leyes nacionales, con la excepción de la remuneración de los permisos parentales, cuyo plazo se amplía hasta el 2 de agosto de 2024. Tras un primer aviso en septiembre de 2022, el pasado mes de mayo la Comisión Europea dio dos meses a España para transponer con urgencia la Directiva y, al haber transcurrido el plazo sin respuesta, pide ahora al Tribunal de Justicia Europeo la imposición de sanciones económicas.

España ya inició dos procesos legislativos para transponer, aunque de manera insuficiente, estas medidas, como el Anteproyecto de Transposición de la Directiva de Conciliación, paralizado en fase de audiencia, o la Ley de Familias, que se quedó sin aprobar en trámite parlamentario. 

Tras la convocatoria electoral, que impidió la tramitación de la Ley de Familias, la Plataforma de Infancia solicitó al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, priorizar la transposición de esta Directiva a través de un Real Decreto Ley (RDL), aprobado finalmente en periodo electoral. 

Sin embargo, la Plataforma de Infancia ya advirtió de que las medidas del RDL no sólo eran insuficientes para garantizar los derechos de la infancia, sino que tampoco cumplían los mínimos exigidos por la Directiva. En particular, tal y como señala la Directiva y como advirtió el Consejo Económico y Social, los permisos parentales deben ser remunerados al menos durante dos meses. El cumplimiento de esta medida supondría que todas las familias pudieran acogerse a ellos y no únicamente aquéllas que se lo puedan permitir.

Además, la Directiva establece que la duración de estos permisos debe ser de cuatro meses al menos. Sin embargo, el RDL solo contempla 8 semanas sin remunerar, amparándose en la absorción de otros permisos que sirven para el cuidado inmediatamente posterior al nacimiento y no para los fines para los que se contempla este permiso, que es el cuidado más allá de este periodo, como las vacaciones escolares, días no lectivos, etc.  

En todo caso, la Directiva es una norma de mínimos, e invita a los Estados miembro no sólo a transponerla, sino a mejorarla. Desde la Plataforma de Infancia se ha pedido reiteradamente al gobierno que estas medidas se adopten en su totalidad, con enfoque de infancia y teniendo en cuenta la diversidad familiar. En este sentido, pide, entre otras medidas, que la duración de este permiso se amplíe a cuatro meses y se duplique en el caso de las familias monoparentales, o que los permisos para cuidadores incluyan el derecho a cuidar a niños y niñas por enfermedad común, como ya se hace en otros países de nuestro entorno.   

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