La Plataforma de Infancia, red de más de 70 organizaciones de infancia, presenta su ‘Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con Enfoque de Infancia 2022’. Los datos muestran el impacto de la COVID-19 a nivel socioeconómico y sus efectos sobre la pobreza, en especial sobre la población infantil y adolescente.
Los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2022 constatan un empeoramiento de los datos de pobreza y exclusión social entre la población en España, así como un incremento de los hogares con importantes carencias materiales. El efecto de la crisis de la COVID-19 en la sociedad un año después del confinamiento se traduce en un aumento en los indicadores de pobreza, la carencia material y la baja intensidad de empleo.
Informe ‘Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con Enfoque de Infancia 2022’
La Plataforma de Infancia realiza anualmente un seguimiento de los indicadores de pobreza y exclusión social en niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de medir el impacto de la desigualdad en un grupo de población tan vulnerable a los efectos de las crisis económicas y sociales como es la infancia y la adolescencia.
Desde el 2018, el crecimiento del riesgo de pobreza entre la población infantil es sostenido. Antes de la crisis de la COVID-19, ya era el sector de la población que tenía un mayor riesgo de pobreza y exclusión social, afectando a 3 de cada 10 personas de menos de 18 años. En la actualidad, el 28,9 % de los niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza monetaria, lo que supone 7,2 puntos porcentuales más que la media de la población (21,7 %).
En palabras del director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, “los datos de la ECV del año 2021 dan luz al impacto de la COVID-19 a nivel socioeconómico y sus efectos sobre la pobreza infantil. Las medidas protectoras del Estado han suavizado el golpe de la crisis, pero comparándolos con los datos prepandémicos, observamos que el grupo más vulnerable sigue siendo el de los niños, niñas y adolescentes”.
Las diferentes estrategias de los Estados miembro de la UE en relación con la protección a la infancia, como grupo especialmente vulnerable, han dado como resultado una incidencia y evolución desigual de la pobreza infantil. España es el segundo país de la Unión Europea con una mayor tasa de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión social, sólo por debajo de Rumanía.
En la ECV 2021 se ha incluido un módulo que amplía la información sobre la salud de los niños, niñas y adolescentes y los cuidados en la infancia. Más de la mitad de los menores de 16 años con salud mala o regular se encontraban en riesgo de pobreza. También se observa que las familias monoparentales son más vulnerables que el resto de los hogares con niños y niñas en cuanto a la protección de la salud de los menores. En 2021, el 23% de las familias con menores en edad preescolar no tuvieron cobertura o asistencia de sus menores en centros de educación preescolar o infantil. El 56,6% de las familias con niños y niñas en la primera infancia que no han sido cuidados o asistidos en centros de educación preescolar o infantil son los hogares que tienen menos niveles de renta. Por tanto, la oferta educativa pública en estas edades no está cubriendo, hoy por hoy, las necesidades de las familias más vulnerables
Los datos de la ECV también revelan que el aumento de las ayudas directas a los hogares con niños y niñas menores de 18 años en situación de pobreza contemplado en el Escudo Social (IMV, ERTE, Garantía de suministros…) ha sido positivo y ha conseguido disminuir el impacto de la crisis. No obstante, España sigue teniendo una inversión baja en protección de la infancia y las familias. Por esa razón es necesario desarrollar medidas como una ayuda universal a la crianza, mejorar el acceso al Complemento de Infancia y el Ingreso Mínimo Vital y fomentar la cobertura de servicios fundamentales.
En resumen, los datos demuestran la capacidad del Estado para contrarrestar los efectos de la crisis sociosanitaria y económica cuando despliega políticas y estrategias de protección social, con un impacto directo en la reducción de la pobreza infantil y la consecución de los objetivos de la Agenda 2030.
