Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la erradicación de la pobreza, el 17 de octubre, Naciones Unidas nos emplaza a centrarnos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, orientado a poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. En 2016, el tema elegido se centra en reconocer y hacer frente a la humillación y la exclusión que sufren las personas que viven en la pobreza.
Pobreza y exclusión social en España con respecto a la UE (de los 28)
Hace una semana, asistimos a la presentación del VI Informe de EAPN sobre el Estado de la Pobreza: seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2009-2015. Las cifras revelaron que España, con un 9,2% de la población de la Unión Europea, contribuye con el 11% (13.334.573 personas) del total europeo de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. En la UE el indicador AROPE de 2015 llega al 24,4%, lo que se traduce en un total de 122, 3 millones de personas. Entre los 28, los países con menor índice de pobreza son Finlandia, Suecia y República Checa (16-19%), y los que se sitúan en la cabeza del registro son Rumanía, Grecia y Bulgaria (36-40%).
No obstante, cuando hablamos de desigualdad en la UE, la diferencia entre el 20% de la población con más ingresos y con menos ingresos es de 5,2 veces de unos con respecto a otros, mientras que en España, la diferencia es de siete veces más amplia. Estas cifras llevan a España a situarse en el tercer puesto de los países con mayor desigualdad de la Unión Europea, solo después de Rumanía y de países de fuera de la UE, como Serbia.
La situación de la pobreza infantil en España
La cifras del Informe de EAPN confirmaron lo que tanto nos temíamos, el riesgo de pobreza y/o exclusión en la población infantil sigue siendo «extraordinariamente elevado con respecto a los otros grupos de edad, a pesar del efecto reductor que produce la utilización de unidades de consumo en el cálculo del indicador», documenta el informe.
Entre los años 2009 y 2013, la tasa AROPE se mantuvo en torno al 32%, es decir, más o menos entre cinco y siete puntos porcentuales por encima de la tasa media de la población, pero en el año 2014, el riesgo de pobreza y/o exclusión en los menores de edad experimentó el mayor aumento de todos los grupos de edad, llegando a situarse en el 35,4%. Los resultados del presente informe arrojaron para 2015, una la reducción de dos puntos porcentuales de esta tasa AROPE, sin embargo, aunque suene como una buena noticia, este descenso no está relacionado con las políticas de lucha contra la pobreza del actual de ni pasados gobiernos en España, sino a la reducción, por un lado, del tamaño medio del hogar que se viene produciendo desde hace algunos años (llegando a la media actual de 2,5 miembros) y, por otro, a la vuelta a sus países de origen de la población extranjera. Para la segunda cuestión, ya se ha demostrado que desde el año 2011 más de 1 millón de inmigrantes han salido del país, entre los que se registran 145.926 menores de 16 años y de los cuales 51.138, han emigrado en 2015. Así que en España más de uno de cada tres niños y niñas sigue estando en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
Los hogares monoparentales, las mayores víctimas de la pobreza
El informe también documenta y actualiza la cifras de la difícil situación de las personas que viven en hogares con niños y niñas, cuyas tasas AROPE alcanzan 30 puntos porcentuales por encima de aquellos hogares compuestos sólo por adultos. Dentro de ellos se destaca especialmente la situación de los hogares monoparentales, cuya tasa AROPE ha sido extraordinariamente alta durante todo el período estudiado, superando el 50%. Es decir, más de la mitad de las familias españolas monoparentales están en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
Los jóvenes, la evolución más negativa
La evolución más negativa corresponde al grupo de adultos jóvenes entre 16 y 29 años, con un extraordinario crecimiento cifrado en 10,9 puntos porcentuales, hasta llegar al 29,2% de personas en riesgo de pobreza en el año 2015. La pobreza en el resto de grupos de adultos ha mantenido una progresión elevada, pero algo más suave, con crecimientos en torno a los cinco puntos porcentuales hasta 2014.
¿Que demanda la Plataforma de Infancia?
Desde la Plataforma de Infancia se demanda una propuesta clara y eficaz para reducir drásticamente esta situación: la revisión e incremento de la prestación por hijo a cargo en un 100% hasta alcanzar unos 600 euros de manera inmediata, así como la actualización anual de dicha ayuda hasta alcanzar los 1.200 € antes de finalizar la próxima legislatura. Dicha medida ha sido presentada a los diferentes grupos políticos para su valoración. Su coste es importante, pero que tras los diversos estudios e informes publicados por EAPN España, UNICEF Comité Español, Save The Children o Cáritas Española evidencian la necesidad de abordar esta medida para combatir la pobreza infantil.
La actual legislación prevé una prestación de 291 euros anuales (24,25 euros mensuales) por cada hijo a cargo o menor de edad acogido, cuando los ingresos del beneficiario no rebasen el límite establecido de 11.576,83 euros anuales. Actualmente la prestación por hijo a cargo supone un coste aproximado de 828,67 millones de euros, según documenta Save the Children en su reciente estudio publicado sobre Cuantificación de medidas fiscales y de protección social.
En este sentido, la Plataforma de Infancia defiende dicha medida como eficaz y efectiva para reducir la pobreza infantil. La gran mayoría de países de la UE tienen una prestación por hijo a cargo y su carácter es universal. España es el segundo país de la UE con la prestación por hijo a cargo más baja. En este sentido, la Plataforma de Infancia considera que la infancia es la población que más y peor padece la pobreza en España. Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño en su más reciente publicación de la Observación General nº 19 sobre Presupuesto Público para hacer realidad los derechos de la infancia (versión en inglés) señala:
“Dar prioridad a los derechos del niño en los presupuestos, contribuye no sólo a la realización de esos derechos, sino también al impacto positivo de larga duración en el crecimiento económico del futuro, en el desarrollo sostenible e inclusivo, y en la cohesión social”.
