La Plataforma de Infancia aplaude el avance del Gobierno por impulsar medidas específicas contra el maltrato infantil

En este sentido, la Plataforma de Infancia aclara que el Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) ya lleva años funcionando en España. De hecho, en el desarrollo del II PENIA se especifica no la creación, sino la consolidación del RUMI (…) “en todo el territorio nacional un sistema unificado de registro de casos, detección y notificación de maltrato infantil y hacer seguimiento e información periódica a todos los agentes sobre la extrapolación de los datos obtenidos y evaluar su eficacia”. 

 

Desde 2010, la Plataforma de Infancia sostenía en su Informe Complementario sobre el cumplimiento por parte de España de los derechos de los niños y de las niñas, que “en 2006 se concluyó un estudio sobre el Mantenimiento, actualización y explotación del Registro Único de Maltrato Infantil (RUMI) en España. En paralelo, se configuró una herramienta informática para sustentar las bases de datos sobre los registros de casos de maltrato infantil de las Comunidades Autónomas (CCAA), pretendiendo así contar con datos básicos a nivel nacional que pudieran ser recogidos en el Boletín de Medidas de Protección a la Infancia”. Con independencia de los datos que se acaban de apuntar, el Informe revela que “no existe conocimiento riguroso de la dimensión del problema, ya que no están sistematizados ni unificados los datos disponibles sobre las víctimas y sobre las diferentes formas de violencia que se ejerce. Esta debilidad en los datos plantea serias dificultades a la hora de analizar la coherencia de la legislación, las políticas públicas, los recursos y los programas”. 

 

Por tanto, afirma la Plataforma de Infancia en su Informe, que existen diferentes fuentes oficiales que ofrecen datos de interés sobre niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, como los Anuarios Estadísticos del Ministerio del Interior; los que elaboran las Fiscalías de Menores; los registros de los sistemas de protección de las CCAA; otros Informes de instituciones relevantes, como el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre víctimas de violencia de género, y los datos desprendidos de actuaciones desarrolladas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No obstante, los registros no son sistemáticos a la hora de describir todas las formas de violencia, haciendo referencia a categorías, fuentes de verificación y grupos de población distintos. De este modo, no resulta posible establecer estudios comparativos.

 

Según el último Informe de la Fundación Anar sobre violencia infantil en la infancia publicado en 2012, se registró un total 324.643 llamadas, un 67% más que en el 2011, y atendió a 1.778 niños y adolescentes víctimas en su mayoría de maltrato físico (28,7%), violencia escolar (15,5%) o maltrato psicológico (14,7%). El abandono (12,4%), el abuso sexual (11,5%), las agresiones fuera del seno familiar (7,6%), la violencia de género (6,9%), el ciberacoso (1,5%), la pornografía infantil (0,8%) y el maltrato institucional (0,4%) son otros tipos de violencia detectados en el Teléfono ANAR durante el 2012.

 

El Comité de los Derechos del Niño recomendó a España en 2010 que “adopte todas las medidas necesarias para aplicar las recomendaciones del Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños y, en particular, que preste especial atención a las recomendaciones sobre priorizar la prevención, promover valores no violentos y la concienciación al respecto, prestar servicios de recuperación y de integración social, y asegurar la participación de los niños”.

 

Por esta razón, la Plataforma de Infancia valora positivamente el esfuerzo del Gobierno por mejorar el RUMI, levantar estadísticas que incluyan a los menores de edad víctimas de violencia de género, regular el establecimiento, entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, de un sistema de información que permita el conocimiento de la situación de la protección a la infancia en España y la tipificación de los nuevos delitos de maltrato a través de la Red como el ciberacoso, entre otras acciones incluidas en el II Plan de Infancia y que apuntan a la prevención de los casos sobre maltrato infantil en España.

 

Estos cambios implicarán la modificación de once leyes, entre ellas el Código Civil, la Ley de Protección Jurídica del Menor y la Ley Integral de Violencia Género y que se adecuarán para poner en marcha medidas claras de protección hacia la infancia.  Asimismo, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana una proposición no de ley que insta al Gobierno a promover una mayor coordinación en la protección de los niños y las niñas que sufren malos tratos, mediante la aprobación de diversas medidas. Además esta Comisión, ha manifestado su voluntad de constituir, en el plazo «más breve posible», la subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños, cuyas conclusiones tendrán en cuenta las políticas destinadas a prevenir y abordar este problema.

 

Por otra parte, cabe destacar que en el marco del Observatorio de Infancia, órgano responsable de coordinar las acciones del II Plan de Infancia, se han creado sendos grupos de trabajo vinculados a este tema: grupo de trabajo sobre violencia contra la infancia y grupo de trabajo sobre actualización de la legislación de protección a la infancia, cuyo primer encuentro tendrá lugar en los próximos meses.

* Leer la I entrega: El II Plan de Infancia, una prioridad para la agenda política. Breve análisis sobre el marco general, seguimiento y evaluación.