La Plataforma de Infancia considera positiva la aprobación del Plan de Acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del sistema de protección a la infancia, por parte de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y la Conferencia Sectorial de Igualdad. Dicho Plan pretende dotar de más recursos, herramientas y garantías a los centros residenciales donde actualmente 16.991 niñas y niños están tutelados por el Estado. El Plan centra sus actuaciones en prevenir la violencia, y más en concreto los riesgos a la explotación sexual que pueden sufrir.
La Plataforma de Infancia valora positivamente el enfoque integral del Plan que reconoce que estos problemas son estructurales y sistémicos, y no son cuestiones puntuales que se han producido en algunas comunidades autónomas; sino que obedecen a carencias del propio sistema en su configuración y recursos disponibles. Además, desarrolla medidas diversas, para atajar la especial vulnerabilidad de la infancia en el sistema de protección. Entre las medidas se sitúan algunas de implementación inmediata, como formación especializada en prevención y detección de esta forma de violencia para los 1300 centros, elaboración de un protocolo armonizado y una guía común de activación; y la creación de servicios especializados de atención y recuperación integral para niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual.
También se incide en campañas de sensibilización para fomentar el acogimiento familiar, mejores sistemas de indicadores y estudios sobre la materia; así como en reducir la prevalencia de centros grandes en el acogimiento residencial, y sistemas de protocolos y monitoreo en casos de fugas, desaparición y traslados. Igualmente, las administraciones públicas asumen compromisos para reforzar estructuralmente el sistema de protección como el compromiso de que antes de 2031 ningún niño o niña menor de 10 años vivirá en un centro residencial, o el desarrollo del acogimiento familiar exclusivo o profesionalizado.
Sin embargo, a juicio de las organizaciones de infancia, es necesario plantear medidas más ambiciosas. Las entidades miembro de la Plataforma de Infancia llevan años trasladando propuestas para mejorar la situación del sistema de protección; algunas de las cuales suponen cambios normativos. No en vano, la propia Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), aborda con menor desarrollo las cuestiones referidas al sistema de protección, y no crea la figura del coordinador de protección en este entorno, cuando se crea la figura en el plano educativo, deportivo, de ocio etc. Además, el actual marco legal permite que las administraciones cesen la tutela de estos niños y niñas cuando se encuentren en paradero desconocido por un año, un plazo que mejoró gracias a la LOPIVI, pero que a juicio de las organizaciones no debería producirse.
Se establece el año 2026 para que ningún niño o niña menor de 6 años viva en centros, una obligación ya establecida desde la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. A día de hoy 1.177 niños y niñas se encuentran en centros, una anomalía que no debería esperar otros cuatro años más para solventarse. Además, es necesario dotar de más recursos a las familias en situación de riesgo, para evitar que los niños y niñas entren en el sistema de protección, apoyando donde estas situaciones pudieran reorientarse o evitarse. Igualmente es necesario ofrecer mayor certidumbre y estabilidad a los adolescentes en el sistema, ofreciendo programas de emancipación que permitan una transición a la vida adulta una vez que la niña o el niño deje de estar tutelado. También, entre otras medidas, es necesario garantizar la asistencia letrada independiente para las niñas y niños en tutela y desarrollar otras serie de medidas que se adjuntan en el documento elaborado por las organizaciones de infancia.
Este Plan aprobado por dos ministerios es una buena noticia, pero deben seguir trabajándose más medidas para reducir el número de niños y niñas en tutela, reducir el acogimiento residencial y ofrecer más garantías. Las organizaciones de infancia también demandan más participación en estos proceso para poder aportar a Planes de este tipo.
