En el marco de la celebración del Congreso sobre Acogimiento Familiar de ASEAF, red de asociaciones de familias acogedoras, la Plataforma de Infancia ha presentado su Posicionamiento sobre la Estrategia de Desinstitucionalización en España. Dicho documento recoge los principales estándares internacionales en la materia, aporta un análisis de las principales carencias detectadas en el sistema de protección español y propone las recomendaciones esenciales que debieran ser tenidas en cuenta para poner en marcha políticas, planes y líneas de acción eficaces.
Hay niñas, niños y adolescentes que en determinadas ocasiones no pueden vivir con sus familias, bien sea por situaciones de desprotección en los que, ni con la ayuda e intervención de servicios sociales la familia puede proveer el cuidado necesario, o casos en los que directamente las niñas y los niños se encuentran sin la compañía y cuidado de una persona adulta. En estos casos, es el Estado el encargado de brindarles la protección necesaria y ofrecerles una modalidad alternativa de cuidado, es decir, un centro residencial o una familia de acogida. Solo en 2021, 15.248 niñas y niños pasaron a vivir a un centro residencial y 4.981 con una familia de acogida.
Desde la Plataforma de Infancia consideramos que la desinstitucionalización de las niñas y niños en el sistema de protección español debe ser un objetivo prioritario de nuestra sociedad. En la legislatura pasada el Gobierno comenzó a diseñar una Estrategia de Desinstitucionalización y que continúa en proceso de elaboración. Para poder contribuir a su desarrollo con el enfoque de infancia necesario, las organizaciones de infancia hemos elaborado este posicionamiento. En palabras de Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, “un proceso de desinstitucionalización en materia de infancia implica buscar las mejores soluciones para que las niñas y niños carentes del cuidado familiar tengan la posibilidad de crecer en una familia o en caso de que no sea posible, un entorno familiar”.
En 2021, 56.902 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos por el sistema público de protección a la Infancia, un 15.72% más que en 2020. Así, uno de los elementos que la Plataforma de Infancia considera clave es la prevención de la separación de las niñas, niños y adolescentes de sus familias. Para ello propone prevenir la entrada de niños y niñas en el sistema de protección, centrando la intervención en programas de apoyo a las familias, así como dotando de garantías jurídicas a los procedimientos de retiradas de tutela.
En 2021, el 75% de los niños y niñas que entraron en el sistema de protección lo hicieron directamente a un acogimiento residencial.. Sin embargo, “consideramos prioritario que se pongan en marchar estrategias efectivas que promuevan el acogimiento familiar como medida prioritaria sobre el residencial” insiste la responsable de Plataforma de Infancia. Para ello, deben destinarse recursos, humanos, técnicos y financieros, suficientes y adecuados, a la vez que se garantizan recursos económicos, de apoyo y acompañamiento profesional a las familias acogedoras.
El Comité de los Derechos del Niño recomendó a España en 2018 qué acelerará el proceso de desinstitucionalización, a fin de asegurar que la atención en centros de acogida se utilizase como último recurso. Ello estaría en línea con la propia Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LOPJM), que establece que, de forma prioritaria, en casos de riesgo de violencia o desprotección, se debe trabajar desde servicios sociales para lograr la permanencia del niño, niña o adolescente en su familia de origen y que, si ello no es posible, se les debe ofrecer alternativas donde se prioricen las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas.
El proceso de desinstitucionalización también implica la transformación de los centros residenciales a entornos seguros, flexibles, participativos, integrados en la comunidad, con una atención individualizada, ratios máximas de 6 plazas, libres de cualquier forma de violencia y con mecanismos de comunicación accesibles y adaptados.
Además, es importante tener muy presente que el paso de la niña o niño por el sistema de protección debe ser temporal y la prioridad debe ser la reintegración de la niña o niño con su familia. Para ello, hay que destinar los recursos económicos, materiales y humanos necesarios que desarrollen programas efectivos que permitan trabajar con las familias en las causas de desamparo. En 2021, del total de bajas de centros de menores (12.756), solo el 13% fue por reintegración con su familia.
Por último, debe tenerse en cuenta que las y los jóvenes del sistema de protección son forzados a emanciparse al cumplir los 18 años, cuando la media de emancipación en España se encuentra en los 29 años. Proponemos que en aras de facilitar su transición a la vida adulta se garantice la evaluación, planificación, el apoyo y dotación de recursos hacia la vida independiente como parte de las obligaciones del Estado; así como que se universalice un sistema ayudas técnicas y prestacionales orientadas a ello.
La transformación del sistema de cuidados y en particular del sistema de protección a la infancia en España es una de las prioridades de la Plataforma de Infancia desde hace años. Por ello, hemos impulsado este posicionamiento conjunto con varias organizaciones de infancia, con el que apostamos por una Estrategia de Desinstitucionalización que incorpore el enfoque de infancia.
