A la Plataforma de Infancia, coalición integrada por 60 entidades sociales que trabajan por los derechos de los niños y niñas, le preocupa el compromiso de los partidos políticos por asegurar la protección de los derechos de los niño y niñas en la próxima legislatura. En este sentido, la Plataforma de Infancia ha realizado un análisis del Pacto firmado por el Partido Popular y Ciudadanos de cara a apoyar una posible investidura de Mariano Rajoy Brey como presidente de gobierno el 31 de agosto y ha valorado como positivo pero insuficiente el acuerdo para mejorar las políticas de infancia y, por ende, la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En palabras del Director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, el documento presentado por ambas fuerzas políticas en líneas generales «carece de concreción en muchas de las políticas de infancia mencionadas y, por tanto, es muy difícil poder entrar a realizar una valoración objetiva sobre el impacto real que van a tener las políticas de cara a la próxima legislatura. Sí que es positivo que aparece una concreción presupuestaria de algunas de estas medidas, cuestión que rara vez aparecía en los programas de ambos partidos previa elaboración a dicho Pacto», aseveró.
El documento incluye compromisos relativos a pobreza infantil, educación, violencia, así como menciona en menor medida compromisos sobre refugiados, desahucios o un Pacto de Estado por la Infancia. En este sentido, Ibarra lamenta que «muchas de estas medidas o no están desarrolladas o carecen de menciones específicas a los principales problemas que sufre la infancia y las partidas presupuestarias planteadas, no parecen acordes con la magnitud del problema», apunta.
La pobreza infantil se sitúa en España por encima del 30,5%, lo que indica que un tanto más de un tercio de los niños y niñas ven vulnerado su derecho a un nivel adecuado para su desarrollo físico, social y mental. Un problema de esta magnitud, afirma Ibarra, «debe ser abordado claramente y con la magnitud que requiere una situación de emergencia».
Desde la Plataforma de Infancia se demanda una propuesta clara y eficaz para reducir drásticamente esta situación: la revisión e incremento de la prestación por hijo a cargo en un 100% hasta alcanzar unos 600 euros de manera inmediata, así como la actualización anual de dicha ayuda hasta alcanzar los 1.200 € antes de finalizar la legislatura. Una medida que tiene un coste importante, pero que tras los diversos estudios e informes publicados por UNICEF Comité Español, Save The Children o Cáritas Española evidencian la necesidad de abordar esta medida para combatir la pobreza infantil. Esta medida estaba claramente mencionada en el programa electoral de Ciudadanos y no aparece mencionada específicamente en el acuerdo, así como tampoco queda claro las cuantías que se destinarán al Plan de Pobreza Infantil que se menciona entre las 150 medidas del Pacto. La actual legislación prevé una prestación de 291 euros anuales (24,25 euros mensuales) por cada hijo a cargo o menor de edad acogido, cuando los ingresos del beneficiario no rebasen el límite establecido de 11.576,83 euros anuales. Actualmente la prestación por hijo a cargo supone un coste aproximado de 828,67 millones de euros, según documenta Save the Children en su reciente estudio publicado sobre Cuantificación de medidas fiscales y de protección social.
La Plataforma de Infancia desconoce con detalle de qué forma los 1.000 millones de euros presupuestados para combatir la pobreza infantil durante el primer año se incrementarían a la cuantía actual o se destinarían a otras cuestiones, tal y como se señala en el documento de Pacto. De cualquier modo, esta cifra está muy lejos de suponer un incremento suficiente para hacer frente a la magnitud del problema que padece España y se pretende paliar: combatir la pobreza infantil.
Sin embargo, la Plataforma de Infancia valora positivamente que los partidos políticos empiecen a abordar con políticas y presupuesto los principales problemas que afectan a la infancia, pero resulta necesario que este esfuerzo «sea suficiente» para resolver la gravedad de la situación. La infancia de este país, ha insistido Ibarra, «debe poder ejercer sus derechos plenamente y esta es una responsabilidad que tienen y deben asumir los Estados (incluida España) que han ratificado la Convención». El Comité de los Derechos del Niño en su más reciente publicación de la Observación General nº 19 sobre Presupuesto Público para hacer realidad los derechos de la infancia (versión en inglés) señala “dar prioridad a los derechos del niño en los presupuestos, contribuye no sólo a la realización de esos derechos, sino también al impacto positivo de larga duración en el crecimiento económico del futuro, en el desarrollo sostenible e inclusivo, y en la cohesión social”.
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