A proposición de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato Adrover, se ha aprobado en Consejo de Ministros, la reforma de los dos Anteproyectos de Ley que actualizan la legislación española en materia de protección de infancia. Esta novedad supone la modificación de las principales leyes que regulan las instituciones para la protección de los menores de edad y, de forma más específica, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Adopción Internacional, las que afectan al Código Civil y modificaciones puntuales de otras leyes que ha sido preciso adaptar para adecuar el marco general de la reforma.
Los anteproyectos han sido elaborados con la colaboración de distintos Ministerios (principalmente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Justicia), las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), distintas ONG, incluida la Plataforma de Infancia y algunas de sus entidades socias, y diversos expertos.
En el texto legislativo se incorpora en gran medida parte de las demandas del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas realizadas a España en 2010, además de las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo, la Comisión Especial del Senado sobre Adopción Nacional y otros temas afines junto con las Entidades Públicas de Protección de Menores de las CCAA.
“La reforma de las leyes vinculadas a la infancia supone un avance histórico en la protección de los niños y de las niñas en España”, así lo afirmó Carlos Martínez-Almeida Morales, Presidente de la Plataforma de Infancia.
Esta reforma estaba prevista dentro del Objetivo 4 del II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia que cubre el periodo 2013-2016.
Las grandes líneas de esta reforma incluyen el desarrollo y concreción de la definición del interés superior del menor, que va en sintonía Observación General nº 14 del Comité de Derechos del Niño, aprobada en 2013; los derechos y principios de actuación (por ejemplo, el derecho a ser oído, derechos de los menores extranjeros no acompañados, la protección contra la violencia); la mejora de los sistemas de información; legitima a las entidades públicas y al Ministerio Fiscal para recabar datos de otras instancias oficiales y la intervención de las Administraciones Públicas ante situaciones de riesgo y desamparo de los menores de edad.
Además, con respecto a la regulación de las medidas del sistema de protección a la infancia, se prioriza de forma inequívoca el acogimiento familiar frente al residencial, se regulan los centros de protección de menores de edad con trastornos de conducta y se clarifican los procesos y el marco competencial para la adopción internacional.
Por último, se introducen modificaciones en otras normas, como la Ley de Enjuiciamiento Civil, en aras de alcanzar una tutela más efectiva de los derechos e intereses de los menores, mejorando los procedimientos ya existentes; la legislación referida al Registro Civil (Leyes de 1957 y 2011) a efectos de mejorar las garantías registrales en la adopción y otras; la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y de documentación clínica, y la Ley de Violencia de Género.
Desde la Plataforma de Infancia valoramos positivamente la reforma y el proceso participativo seguido para ello, no sin recordar algunas cuestiones sobre las que habrá que prestar especial atención para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema, tales como: la desigualdad de las familias frente a la Administración; el contexto de la crisis económica, la asignación de recursos y el alcance de la reforma de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; aspectos preventivos y mecanismos para el seguimiento de las medidas.
Como coalición nacional a favor de los derechos de la infancia, esta Plataforma integrada por 53 organizaciones sociales, reafirma su compromiso por hacer seguimiento y asegurar que esta reforma responda a los derechos y principios recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de obligado cumplimiento en España.
