“La situación de la infancia en España antes de que estallara la crisis del COVID-19 era ya preocupante y requería de acciones y medidas contundentes, tal y como nos han recomendado reiteradamente el Comité de los Derechos del Niño o la Unión Europea” ha señalado hoy Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, en su segunda comparecencia ante la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso “Si no se toman medidas específicas a medio y largo plazo para abordar la situación de la infancia a medio y largo plazo, va a ser difícil revertir problemáticas como el aumento de la pobreza infantil o el aumento de las tasas de abandono y fracaso escolar y de la brecha educativa”.
Por ello la Plataforma de Infancia ha hecho llegar hoy a los Diputados del Congreso su Cuaderno de Infancia para la legislatura, junto con un informe con recomendaciones específicas para garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia en España durante la reconstrucción. “La crisis del COVID ha llegado sin habernos preparado y recuperado de la anterior, y esto puede ser devastador para la infancia, porque los niveles de pobreza infantil de los que partimos son extremadamente altos y anómalos para un país como España” ha añadido Ibarra durante su comparecencia.
Nuestro país contaba, antes de la crisis del COVID-19, con la segunda tasa más alta de pobreza infantil (26,8%) de Europa, solo por detrás de Rumanía; una pobreza que afecta hoy a casi dos millones y medio de niños y niñas. Ibarra ha valorado de forma muy positiva la aprobación del Ingreso Mínimo Vital que, según estimaciones del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil permitirá salir de la pobreza muy alta a más de 400.000 niños y niñas. Sin embargo, esta medida no alcanzará a los niños y niñas en situación de pobreza relativa y a otros colectivos vulnerables.
“Es necesario que se articulen ayudas para apoyar a estas familias” ha señalado Ibarra. “Además, hay que asegurar el mantenimiento y compatibilidad con la actual prestación por hijo a cargo, como ocurre en otros países de nuestro entorno, y con las rentas de inserción autonómicas”.
La educación es la herramienta más poderosa que tenemos para luchar contra la pobreza. Sin embargo, nuestro sistema educativo ya era tremendamente inequitativo antes de esta crisis, con la tasa de abandono escolar más alta de Europa (17,3%) concentrada especialmente en los niños y niñas con una situación económica más desfavorecida. La crisis no solo ha puesto en evidencia esta inequidad, sino que la ha acrecentado; y los estudios empiezan a confirmar el aumento de la brecha educativa.
“España invierte poco en educación y especialmente en becas y ayudas, que, además, no están focalizadas en los niños y niñas que más las necesitan” ha explicado Ibarra “Por eso pedimos aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio desde el 0,17% del PIB actual al 0,44% del PIB en 2020, incrementando su progresividad; así como medidas para reducir el impacto de la brecha digital”.
Por otra parte, esta crisis ha visibilizado las grandes dificultades que existían en España para conciliar. “Depositando en las familias unas cargas excesivas, al no poder cuidar de sus hijos e hijas a la vez que desempeñan sus trabajos, sobre todo en el caso de las familias más vulnerables como las monomarentales”. Por ello ha insistido en la necesidad de permisos retribuidos hasta que se retome la actividad de los centros educativos que permitan reducir la jornada hasta el 50% para cada uno de los dos progenitores pudiendo llegar, en el caso de familias monomarentales y monoparentales, al 100% de la jornada.
La aprobación, la semana pasada, en Consejo de Ministros de la Ley Orgánica de Protección Integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que comenzará ahora su tramitación parlamentaria, es un gran hito en cuanto a la defensa de los derechos de la infancia en España. Desde la Plataforma de Infancia la valoran positivamente aunque consideran insuficiente el tratamiento que se le ha dado al sistema de protección. “Teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de estos niños y niñas, consideramos fundamental que se aborde como un ámbito prioritario, incorporando canales de denuncia, asistencia letrada y una vigilancia de la situación en estos centros” ha señalado Ibarra.
Los problemas estructurales del sistema de protección a la infancia se han visto agravados en la actual situación tras las medidas adoptadas ante la crisis sanitaria. Ya en 2018 el Comité de los Derechos del Niño mostró su preocupación por la insuficiencia de recursos y las consecuencias que esto podría tener. Por ello, recomendamos adoptar las medidas necesarias para prevenir la separación de los niños y niñas de sus familias asegurando el apoyo y la asistencia suficientes, especialmente en el caso de familias con niños y niñas en situación desfavorecida, dotando a los procedimientos de retirada de tutela de mayores garantías y promoviendo los acogimientos familiares.
Por último, Ibarra ha transmitido a la Comisión de Infancia y Adolescencia la importancia de retomar las comparecencias presenciales con niños y niñas para garantizar que se escuchan sus propuestas. Ha insistido también en la necesidad de que la Comisión realice una labor de seguimiento ante otros retos a los que se debe enfrentar el Gobierno durante esta legislatura como son fortalecer la participación infantil, desarrollar el III PENIA (Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia), y responder al Comité de los Derechos del niño en el examen que realizará a España para evaluar el cumplimiento de los derechos de niños y niñas.
Intervenciones de Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia
PRIMERA INTERVENCIÓN
SEGUNDA INTERVENCIÓN
