Catorce meses después de la publicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, el Consejo de Ministros acordó finalmente el pasado 3 de junio la constitución efectiva del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), que tiene como fin garantizar la transparencia y el pluralismo en el sector y la independencia e imparcialidad de los medios públicos así como del cumplimiento de su función de servicio público.
Con este acuerdo, el Gobierno se compromete a crear este organismo, que actuará en defensa de los espectadores y, especialmente, de los menores de edad.
La constitución del CEMA es parte de la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en marzo de 2010. Según la misma ley, el CEMA será el órgano regulador y supervisor del sector que ejercerá sus competencias bajo el principio de independencia de los poderes políticos y económicos.
Por tanto, de su puesta en marcha depende que se protejan los derechos del menor regulados en el artículo 7 de la Ley, que fija franjas horarias para la emisión de contenidos audiovisuales que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral.
El acuerdo ministerial propone los siguientes pasos:
- Nombrar el cargo de la Presidencia y Consejeros/as
- Celebrar su sesión constitutiva a los 15 días del nombramiento de sus miembros.
- Aprobar el Reglamento de Régimen Interior.
- Hasta que disponga de medios propios, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información realizará la labor de instrucción y propuesta correspondientes a los procedimientos administrativos que haya de resolver el Consejo.
El proceso de constitución del CEMA ha generado un debate político sobre la elección de sus siete miembros, que requiere una mayoría de tres quintos en el Congreso de los Diputados. Este desacuerdo entre grupos parlamentarios podría retrasar más aún su creación definitiva.
Ante esta situación, la Plataforma de Infancia incide en reclamar que cuanto antes este órgano controle el cumplimiento de la ley, especialmente en materia de derechos de infancia en España. Se propone, por consiguiente, la regulación de las actuaciones de los medios audiovisuales conforme a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y que además se tome en cuenta la participación activa dentro de este órgano de la Plataforma de Infancia y de otras organizaciones sociales comprometidas con los derechos de los niños y las niñas en España.
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