La Plataforma de Infancia se reúne con la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia

Este lunes 9 de julio la Plataforma de Infancia se ha reunido con la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia, Salomé Adroher Biosca, para trasladarle las principales preocupaciones sobre la situación de los niños y las niñas, especialmente con respecto a la crisis económica, así como analizar algunas de las iniciativas que están en marcha ahora.

La Plataforma de Infancia aprovechó también para reiterar a la directora general su disponibilidad para continuar contribuyendo desde el trabajo en red al impulso de políticas de infancia acordes con la Convención sobre los Derechos del Niño.

En el marco de la reunión la directora general ha comunicado su intención de aprobar el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (PENIA) este año. En ese sentido, la dirección general tiene previsto reunirse próximamente con las Comunidades Autónomas para consensuar las medidas incluidas en el borrador del Proyecto de II PENIA.

Otro de los temas que ha tratado la reunión ha sido el de las principales consecuencias de la crisis en los niños y niñas, para analizar, no sólo la infancia como grupo afectado, sino también las diferentes herramientas en curso para disminuir las tasas de pobreza y exclusión. Además la Plataforma de Infancia trasladó su preocupación por las deudas que principalmente los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas acumulan con las organizaciones sociales, que ponen en peligro la atención de las necesidades de niños, niñas y jóvenes, y el ejercicio de sus derechos, en especial de aquellos que se encuentran en el sistema de protección, así como la propia sostenibilidad de las organizaciones que atienden estas situaciones.

Asimismo, durante el encuentro se abordaron otras cuestiones como la modificación, ya en marcha, de la Ley de Protección Jurídia del Menor. Así, la directora informó de que ya está constituido el grupo de trabajo formado por representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como del Ministerio de Justicia, que se encargará de revisar en profundidad la modificación del articulado, partiendo de los dos borradores de Anteproyecto de modificación de la ley aprobados en 2011.