Esta medida ha tenido lugar este viernes, en el marco del Consejo de Ministros que ha dado luz verde al Real Decreto a petición del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, que crea y regula el registro al que deberán acudir a partir de ahora todas las personas que trabajen o realicen labores de voluntariado en contacto con menores de edad para acreditar ante su empleador que no tienen antecedentes por abuso de menores o similares.
Carlos Martínez-Almeida Morales, presidente de la Plataforma de Infancia ha valorado positivamente la medida que plantea que el Ministerio de Justicia certifique y registre a quienes han sido condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual». Es un primer paso y muy positivo» destacó.
Como novedades, este Decreto incorpora:
- Los datos identificativos y el perfil genético de las personas condenadas en firme por este tipo de delitos como agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores
- Evitará que quienes hayan sido condenados por ese tipo de delitos realicen actividades u oficios en las que estén en contacto con menores de edad
- Sistematizará las condenas de violadores y pederastas con mecanismos de confidencialidad.
No obstante, Martínez-Almeida revela que quedan algunas dudas sobre cómo se articulará esta medida en los diferentes ámbitos en los que se desarrollan los menores de edad. «Es preciso abordar las exigencias y consecuencias para las empresas, centros escolares, asociaciones, entre otros, con el fin de contar con un marco objetivo de actuación que marque una ruta común en todos los ámbitos y Comunidades Autónomas.
Asimismo, Martínez-Almeida afirmó que «otras instituciones como el Ministerio de Educación ya están trabajando en la adaptación de recomendaciones para los servicios sociales sobre esta cuestión. No obstante, nos disponemos de información sobre si está ocurriendo lo mismo en otros ámbitos de actuación que vayan más allá del ámbito escolar», sentenció.
«Es importante ir desarrollando en paralelo un procedimiento para que cada institución o empresa valore si exige antecedentes laborales en sus ofertas laborales conforme a la actividad que se dedica o si es una cuestión del juez valorar la responsabilidad de la empresa por no haberlo solicitado previamente». Asimismo, Martínez-Almeida manifestó que «se plantean dudas sobre la caducidad de los antecedentes penales, del tiempo que deberá permanecer una persona con este perfil en este registro o el perfil profesional a los que son exigibles estos requisitos».
A pensar de lo anterior, la Plataforma de Infancia considera esta medida como un avance en la protección de los niños y las niñas conforme a las recomendaciones finales que el Comité de los Derechos del Niño hizo a España en 2010 y anima a quienes sean los próximos responsables de las políticas de infancia a seguir trabajando para desarrollar un reglamento que articule la puesta en marcha del registro, haciendo un efectivo cumplimiento de los derechos de los niños y niñas en España
