El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente el proyecto de Ley de Protección de la Infancia. Hace pocos días, el proyecto de ley Orgánica que lo complementa, contaba con el visto bueno del Pleno del Senado, dando luz verde con sendas aprobaciones, a la efectiva reforma del sistema de protección de la infancia impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la participación de varias organizaciones sociales como la Plataforma de Infancia.
Carlos Martínez-Almeida Morales, presidente de la Plataforma de Infancia, ha manifestado la importancia del “cambio de modelo que valoramos como positivo las diferentes organizaciones que, de manera más directa, hemos tenido la oportunidad y el privilegio de aportar en su redacción”. En este sentido Martínez-Almeida ha destacado que “esta reforma responde mejor a los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), así como a las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas hizo a España en 2010.
Dichas recomendaciones incluían algunas de las aportaciones presentadas ante Naciones Unidas por la Plataforma de Infancia en su Informe Complementario al III y IV Informe de aplicación de la CDN en España y de las que se ha hecho eco el actual Gobierno en esta reforma como, por ejemplo, el establecimiento de estándares de calidad y de buenas prácticas acordes a la CDN para entidades en el sistema de protección y la armonización de los diferentes procedimientos de protección de menores de edad existentes en las Comunidades Autónomas, de manera que se aseguren unos mínimos comunes de intervención.
La reforma vincula a una docena de normativas modificando, entre otros, el sistema de adopciones, la regulación de los centros de menores de edad con trastornos de conducta, el papel de los niños y niñas en los procedimientos judiciales o su protección frente a situaciones de violencia de género. Entre sus diversas mejoras, la Plataforma de Infancia destaca cuestiones como una mejor regulación del principio del interés superior, avances igualmente con respecto al derecho del niño a ser escuchado, así como en relación al derecho de información y asistencia por parte de las Administraciones Públicas.
Pilares de la reforma
Martínez-Almeida sostiene que se trata de “un nuevo marco de regulación de los derechos de los niños y niñas”, fundamentado en estos cuatro pilares: priorización de las medidas familiares frente a las institucionales, las estables frente a las temporales, las consensuadas frente a las impuestas y las nacionales frente a internacionales. El interés superior del menor pasa de ser un concepto jurídico indeterminado a ser un derecho fundamental, lo que se traduce, entre otras cuestiones, en el derecho a ser escuchado y a participar en todos los procesos que le afecten.
Este nuevo modelo supone una reforma en profundidad del sistema de protección tanto en la entrada con la regulación de la guarda voluntaria como en las medidas de protección existentes: acogimiento familiar, residencial y adopción. La protección y prevención se convierte en principio de actuación. Las personas condenadas por delitos sexuales no podrán trabajar con niños y niñas y éstos serán considerados también víctimas de violencia de género.
La importancia de la prevención
Martínez-Almeida recuerda que “es necesario impulsar políticas orientadas a prevenir que los niños y niñas entren en el sistema de protección. Es decir, es tan importante reforzar el sistema de protección de la infancia como impulsar medidas que eviten que entren en el propio sistema”. Por ejemplo, apunta Martínez-Almeida, en la actualidad “resulta imprescindible trabajar en medidas concretas que aseguren que ningún niño o niña en España esté en situación de pobreza o de exclusión social”.
Por su parte, Martínez-Almeida ha lamentado “la falta de apoyo de la oposición en su tramitación en el Senado y la ausencia de Memoria Económica”. Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la Plataforma de Infancia, como sociedad civil articulada, de dar seguimiento a la debida aplicación de la legislación conforme los principios y disposiciones de la Convención.
