Contra todo pronóstico, la Xunta de Galicia ha dado un paso atrás a la iniciativa propuesta por el Gobierno de Feijóo de rebajar dos años la edad mínima para obtener un permiso de caza a los menores de edad, en la actualidad permitida para los menores con 16 años cumplidos, en el marco de la redacción del anteproyecto que reforma la actual Ley de Caza de Galicia.
El gobierno autonómico y otros sectores, especialmente el de cazadores, afines a la rebaja de la edad mínima, defendían que en la mayoría de las Comunidades Autónomas se permite cazar a los mayores de 14 años de edad, que es la misma en la que el Ministerio del Interior permite la obtención de la licencia de armas para el uso de escopetas, siempre y cuando el menor de edad esté supervisado por un adulto.
No obstante, el Defensor del Pueblo de Galicia indicó en este sentido que “el interés superior del menor debe prevalecer sobre otras argumentaciones que justifican la necesidad de bajar la edad mínima con el objetivo de garantizar el relevo generacional de los cazadores. La actividad cinegética no parece encontrarse en peligro en España, indica el defensor gallego. Con 390.856 licencias, la caza ocupa el tercer puesto en el ranking de licencias deportivas del año pasado, sólo por detrás del fútbol y del baloncesto”.
En este sentido, la Plataforma de Infancia ha valorado positivamente la reflexión del gobierno autonómico de no seguir adelante con su propuesta de reforma de la Ley de Caza de Galicia sobre bajar a 14 años los permisos de caza y, al mismo tiempo, aplaude que se tomen en cuenta, en el marco de reforma de la Ley, las observaciones y recomendaciones del Defensor del Pueblo gallego. Asimismo recuerda que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ya recomendaba a España, en sus observaciones de 2002, la gran variedad de edades mínimas que existen en España en materia civil según las distintas Comunidades Autónomas y la necesidad de modificar su legislación para conseguir la armonización de las edades en todo el territorio español.
Las Defensorías, según el Comité de Derechos del Niño, resultan determinantes como mecanismos independientes para la promoción y protección de los derechos de la infancia en los Estados, debiendo vigilar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por éstos al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional validado por España en 1990. El Comité de los Derechos del Niño fomenta la constitución de las citadas instituciones y el establecimiento de vías de colaboración con otros agentes implicados en el bienestar de la infancia, incluidas ONG como la Plataforma de Infancia.
Asimismo, el Comité observa con satisfacción que en España las Defensorías, como instituciones nacionales independientes de Derechos Humanos, se encuentran ampliamente extendidas. En este sentido, en el Informe Complementario al III y IV Informe de Aplicación de la CDN en España presentado ante Naciones Unidas y publicado por la Plataforma de Infancia en 2010, se hacía mención al fortalecimiento que desde la figura de las Defensorías del Pueblo y del Menor se hace de las cuestiones de infancia, ampliamente extendida en el territorio nacional y autonómico.
