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Aumentar la inversión en educación, promover el acogimiento familiar, una ayuda universal a la crianza y juzgados especializados en violencia contra la infancia son las prioridades de la Plataforma de Infancia para este primer año de la nueva legislatura

25 Ene, 2024 | INCIDENCIA

Aumentar de la inversión en educación a través de becas y reducir la segregación en los centros escolares, aprobar una prestación para la crianza de carácter universal, crear Juzgados especializados y una Fiscalía especializada en violencia contra la infancia y poner en marcha de medidas efectivas para promover el acogimiento familiar son algunas de las principales recomendaciones de la Plataforma de Infancia en su documento Propuestas de infancia para la XV legislatura. 2024que ha compartido con el nuevo Gobierno y a los grupos políticos. 

“Durante la pasada legislatura hubo muchos avances para la infancia como la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (LOPIVI), la creación del Consejo Estatal de Participación Infantil y Adolescente, el establecimiento de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia o la aprobación del complemento de ayuda a la infancia en el Ingreso Mínimo Vital” ha explicado Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia. “Sin embargo, el nuevo gobierno tiene grandes retos por delante en esta legislatura para garantizar los derechos de la infancia en España”. 

España es uno de los países de la Unión Europea que menos invierte en protección social a la infancia y a las familias a pesar de ser el país con la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea, un 27,8% de los niños y niñas se encuentran en situación de pobreza. Por ello, la Plataforma de Infancia demanda una ayuda a la crianza de carácter universal a través de deducciones fiscales, que permita reducir la desigualdad en el acceso a beneficios fiscales por parte de los hogares con rentas más bajas y prevenir y reducir la pobreza infantil. 

Además, España tiene elevadas tasas de abandono escolar temprano en el contexto de la Unión Europea, un 13,9% en 2022. El gasto en educación en relación al Producto Interior Bruto apenas ha variado en los últimos años, un 4,94% en 2021, y solo se destinan a becas y ayudas al estudio el 0,21% del PIB, una cifra muy por debajo de la media europea. Por ello, la Plataforma de Infancia demanda aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio al 0,44% del PIB en 2025, simplificar y agilizar la solicitud y adjudicación de las ayudas y adoptar un Plan Estatal de Inclusión Educativa contra todas las formas de segregación.  

Uno de los grandes hitos en materia de derechos de infancia de la pasada legislatura fue la aprobación de la Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). Sin embargo, hay medidas que la propia legislación prevé que aún no han sido desarrolladas, como son establecer Juzgados y Fiscalías especializados en violencia contra la infancia. “Este es sin duda un paso decisivo para crear una justicia adaptada y amigable, que evite la revictimización y garantice un enfoque de infancia” ha añadido Escorial. 

Por otra parte, en España hay más de 35.000 niños y niñas que no pueden vivir con sus familias por situaciones de desprotección o porque se encuentran sin el cuidado de un familiar. De ellos, más de 17.060 crecen en centros residenciales, a pesar de que el acogimiento familiar es la medida de protección infantil prioritaria tanto en los estándares internacionales como en la legislación española. “Los datos ponen en evidencia que no se está priorizando el acogimiento familiar, a pesar de los beneficios que aporta para los niños y niñas crecer en una familia. De hecho, el 75% de los niños y niñas que entraron en el sistema de protección en 2022 lo hicieron directamente a un acogimiento residencial” ha añadido Escorial.  

Este año 2024 es clave para los derechos de la infancia, ya que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas emitirá sus recomendaciones a España tras evaluar el complimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestro país, proceso que comenzó en 2022 y que culminará este año con la publicación de las Observaciones Finales a España. “En este contexto, desarrollar medidas y políticas públicas con perspectiva de infancia es fundamental para avanzar en el disfrute de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en esta XV legislatura” ha añadido Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia. 

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