Con motivo del comienzo de curso, la Plataforma de Infancia ha hecho un llamamiento al Gobierno para que no deje de lado sus compromisos internacionales en materia de derechos de la infancia.
En concreto, si se alarga el proceso de formación de gobierno, los procesos de rendición de cuentas en marcha en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño pueden quedar relegados dentro de su agenda de compromisos.
Desde la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1991, el Gobierno español tiene el compromiso de presentar de forma periódica informes sobre el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
Actualmente, España se encuentra en el ecuador del VII Ciclo de revisión. En concreto, el pasado 28 de febrero de 2023, el Comité de los Derechos del Niño publicó la Lista de Cuestiones Previa a la presentación de informes (LOIPR), señalando las principales preocupaciones que tiene sobre el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños en España. La Plataforma de Infancia, participó en este proceso mediante el envío al Comité de 47 temas prioritarios que considera que el Gobierno español debería abordar próximamente.
Desde el 28 de febrero, con la publicación de la LOIPR, ha empezado la cuenta atrás para que el Ejecutivo analice las cuestiones identificadas por el Comité de los Derechos del Niño y lleve a cabo una valoración de las políticas de infancia en nuestro país. En concreto, el Comité espera recibir un informe completo por parte del Gobierno español el 15 de febrero de 2024.
En estos meses, la Plataforma de Infancia ha trabajado para dar a conocer las preocupaciones y las preguntas del Comité de los Derechos del Niño a España, organizando un encuentro entre representantes de la Administración, del Congreso y de la sociedad civil. Asimismo, ha llevado a cabo un análisis en profundidad de las cuestiones destacadas por el Comité.
Entre las principales cuestiones a destacar, el Comité solicita información al estado español respecto a las medidas adoptadas, en todos los niveles territoriales, para mejorar la recopilación de datos sobre la infancia vulnerable. Asimismo, el Comité pide información sobre las políticas, procedimientos, y orientaciones existentes para determinar y aplicar de forma coherente el interés superior del niño, y sobre el derecho de los niños de cualquier edad a participar en asociaciones que sean relevantes para ellos.
En relación con la violencia contra la infancia, el órgano de Naciones Unidas pregunta al Gobierno acerca de la implementación de los juzgados y fiscalías especializados en la materia, en línea con lo que señala la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).
Los progresos realizados en lo que respecta a la concesión de permisos parentales remunerados adecuados, el asesoramiento familiar, el reparto equitativo de las responsabilidades familiares y el apoyo a los padres en el cuidado de los niños y niñas pequeños son otras de las preguntas presentadas por el Comité.
En definitiva, las cuestiones identificadas por el órgano de Naciones Unidas son numerosas y representan la necesidad de profundizar en el trabajo estatal dedicado a la mejora de los derechos de la infancia. Con este objetivo, resulta imprescindible que el actual Gobierno en funciones se someta a un completo ejercicio de rendición de cuentas de acuerdo con los compromisos internacionales, contando con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. El momento político actual, a pesar de su incertidumbre, no puede ser un obstáculo para posponer o retrasar este ejercicio.
