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Los centros residenciales deben ser entornos seguros y garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes

26 Ene, 2024 | INCIDENCIA

Las niñas, niños y adolescentes que crecen en centros residenciales son uno de los grupos más vulnerables frente a la violencia. En nuestro nuevo documento “Entornos seguros en los recursos residenciales del sistema de protección”, recopilamos datos clave sobre la situación de la infancia y adolescencia en los centros residenciales, analizamos las razones subyacentes a la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en estos contextos, y formulamos recomendaciones específicas para la creación de entornos seguros en los recursos residenciales para los niños, niñas y adolescentes. 

Pese a que, tanto la normativa internacional como la estatal señalan que deben priorizarse los acogimientos familiares, los recursos residenciales siguen siendo la vía principal de entrada al sistema de protección en España, de hecho, de 2021 a 2022 se produjo un aumento del 5,46% de niños, niñas y adolescentes en centros residenciales, pasando de 16.177 a 17.061. Por ello es fundamental garantizar que los recursos residenciales sean entornos seguros y protectores para la infancia y adolescencia. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), un entorno seguro es aquel en el que se respetan los derechos de la infancia y se promueve un ambiente protector físico, psicológico y social. Es decir, un entorno que garantiza el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como el cumplimiento de sus derechos.   

Nuestro documento Entornos seguros en los recursos residenciales del sistema de protección” analiza los principales estándares de protección frente a la violencia contra la infancia recogidos en la LOPIVI, en la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y adolescencia (EEVIA) y en el Plan de acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del sistema de protección a la infancia, ofrece recomendaciones específicas para garantizar que los centros residenciales de todas las Comunidades Autónomas sean lugares seguros para niños, niñas y adolescentes.

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