El Consejo de Ministros del 10 y del 12 de marzo, han aprobado una serie de medidas con el objetivo de paliar los efectos sociales y económicos que tienen que ver directa o indirectamente con la infancia. Destacamos en este artículo algunas de las que tiene un mayor impacto sobre la infancia.
Por un lado, se ha anunciado un Plan de Choque que incluye una dotación extraordinaria de 25 millones de euros destinada a «reforzar los servicios sociales» de las comunidades autónomas para «luchar contra la pobreza infantil». Este fondo se destinará a “flexibilizar la obtención de las becas de comedor» para que aquellas familias que ya las tuvieran concedidas, siendo así efectivas, aunque los centros escolares se encuentren cerrados. Algo que ya ha sido anunciado para varias comunidades, como Madrid, País Vasco, Galicia, Aragón, Murcia, la Rioja, o Cataluña.
En el ámbito de la educación obligatoria, se habilita a las administraciones afectadas por las medidas de contención a modificar el calendario escolar para que puedan ordenar de forma flexible el desarrollo del curso.
También se ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito económico que refuerza la protección a colectivos vulnerables que se encuentran en riesgo de desahucio hipotecario. Esta medida prorroga cuatro años más la suspensión de los lanzamientos para deudores vulnerables, lo que supone que hasta 2024 ninguna persona en situación de vulnerabilidad podrá ser expulsada de su domicilio por impago de la hipoteca. Adicionalmente, se amplía el concepto de colectivo vulnerable, de forma que además de los titulares de la hipoteca que estén en posición de desempleo o familias con algún miembro con discapacidad, en situación de dependencia o mayores de 60 años, se incluyan como beneficiario de la suspensión de lanzamientos a familias monoparentales con un solo hijo. Además, se establece que el nivel de ingresos familiar máximo para acogerse a esta medida se incrementará en función del número de hijos.
