Hace poco menos de una semana, los representantes de los países miembros de la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) alcanzaron un consenso en el cual asumen el compromiso de combatir la malnutrición global en el mundo. Para ello redactaron una Declaración y un Marco de Acción que incluye más de 50 recomendaciones que se espera sean aprobados en la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) que tendrá lugar en Roma del 19 al 21 noviembre de 2014.
Con este paso los países «reconocen que la malnutrición en todas sus formas, incluidas la subalimentación, las deficiencias de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad, no sólo afecta a la salud y el bienestar de la gente … sino que también supone una pesada carga en forma de consecuencias sociales y económicas negativas para individuos, familias, comunidades y Estados«, así se destacó en la propuesta de Declaración. Del mismo modo afirmaron que «la pobreza, el subdesarrollo y el bajo nivel socioeconómico son los principales contribuyentes a la malnutrición, tanto en las zonas rurales como urbanas».
En España y según los datos del INE, el 27% de los hogares no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. Esta referencia se hace porque uno de los parámetros que tiene en cuenta el índice AROPE, que se utiliza para medir la pobreza, es precisamente si la persona puede permitirse al menos una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. Según este índice se determinó en 2013 que el 27,3% de la población española estaba en riesgo de exclusión social.
El 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación y este año está dedicado a «Cuidar el mundo, alimentar el planeta». La Plataforma de Infancia recuerda que la malnutrición es una de las consecuencias de la pobreza y ésta última en su conjunto, afecta doblemente al desarrollo y bienestar de los niños y niñas. Pero lo peor de todo no es la situación que se vive sino saber que con más voluntad política sus causas podrían haberse erradicado. No existen razones para que el sistema de protección de la infancia sea tan débil y que en la actualidad se permita que la pobreza infantil entre en los hogares de las familias españolas.
Esta misma semana, un par de días más tarde, el 17 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, este año bajo el lema «No dejar a nadie atrás: pensar, decidir y actuar juntos contra la pobreza extrema». Según los datos más recientes, España es el segundo país de la Unión Europea con más pobreza infantil y con menor capacidad para atajarla, sólo por detrás de Rumanía, según el informe de Cáritas Europa sobre el impacto social de las medidas de austeridad aplicadas en los países más golpeados por la crisis, presentado el pasado mes de marzo en Atenas. Actualmente 30.000 niños y niñas mueren por día a causa de la pobreza, lo que equivale a 1 muerte cada 3 segundos. En España hay 2.721.561 niños y niñas que viven bajo el umbral de pobreza, según cifras que ha adelantado Gonzalo Fanjul, uno de los investigadores del Report Card 12 de Innocenti-UNICEF sobre pobreza infantil en países ricos que se publicará a finales del mes de octubre.
La Plataforma de Infancia considera que no hay razones para que en España exista pobreza infantil y malnutrición porque ambas situaciones son evitables. Por ello, desde la Plataforma de Infancia y las organizaciones que la componen reivindican un consenso, un Pacto de Estado por la Infancia en el que TODOS los niños y las niñas tengan asegurados sus derechos y sean una población prioritaria para el conjunto de las Administraciones Públicas y de todos los agentes sociales que intervienen en su desarrollo y de forma más amplia, de la sociedad en general. Sólo desde la voluntad política e institucional par alcanzar ese consenso es posible impulsar una iniciativa que consiga erradicar la pobreza en todas sus formas y asegurar que no se vulneren ninguno de los derechos de los niños y niñas contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño.
La Plataforma de Infancia viene impulsando desde el inicio de 2014 con el conjunto de sus entidades miembro la iniciativa de solicitar un Pacto de Estado por la Infancia que además es una demanda que procede de las Observaciones Finales que hizo el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas a España en 2010. En ellas, el Comité demandó una mayor responsabilidad del Estado para asegurar, dentro de los presupuestos generales, partidas específicas dedicadas al bienestar de la infancia, al margen de las situaciones de crisis que pudiera afrontar.
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