El 28 de agosto, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas publicó la Observación General N.º 26 (OG26) sobre los derechos del niño y el medio ambiente, con especial atención al cambio climático. Esta Observación sirve de guía sobre cómo los derechos de la infancia se ven afectados por la crisis medioambiental y qué deben hacer los gobiernos para defender estos derechos.
El objetivo principal de las Observaciones Generales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño es promover la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y proporcionar una orientación jurídica a los Estados en relación a un tema o ámbito especifico.
Más de 16.000 niños y niñas han participado en el desarrollo de la Observación General, compartiendo sus ideas, opiniones y preocupaciones. La OG26 es la respuesta institucional al llamamiento realizado por la infancia y la juventud para que proteja sus derechos en materia de cuestiones ambientales. Este instrumento será, de aquí en adelante, una guía de referencia para que los Estados hagan efectivo el derecho de la infancia a un medio ambiente seguro, limpio y sostenible.
La OG26 es el primer instrumento internacional en materializar este tipo de derechos. Para ello, establece el vínculo entre la degradación ambiental, el cambio climático y las obligaciones de los Estados de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, la observación desarrolla aspectos tan necesarios como el principio de equidad intergeneracional y los intereses de las generaciones futuras. En particular, la OG26 establece que “la degradación ambiental y el cambio climático afectan directamente al disfrute de los derechos de la infancia”. De manera que se clarifican, en este sentido, las obligaciones de los Estados derivadas de la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño.
En particular, la Plataforma de Infancia destaca la coincidencia entre las recomendaciones aparecidas en la OG26 y las propuestas que las organizaciones españolas dedicadas a la infancia han identificado como prioritarias en España en la defensa y la garantía del derecho de los niños y niñas a un medio ambiente saludable. En esta línea, la Plataforma de Infancia publicó recientemente el informe: “Los retos que la degradación medioambiental y el cambio climático plantean a la infancia”.
En primer lugar, la OG26 afirma que “el interés superior del niño será una consideración primordial en la adopción e implementación de decisiones ambientales, incluidas leyes, reglamentos, políticas y estándares”. Así pues, los Estados tendrán que garantizar mecanismos seguros, accesibles y apropiados para que las opiniones de los niños sean escuchadas periódicamente y en todas las etapas de los procesos de toma de decisiones ambientales. La participación y la escucha de la infancia constituyen así otra piedra angular de la OG26, así como de las propuestas presentadas por la Plataforma de Infancia.
Para poder garantizar la protección contra la discriminación medioambiental, la OG26 pide a los Estados miembros que recopilen “datos desglosados que permitan identificar a su vez los efectos diferenciales ocasionados por los daños al medio ambiente en la infancia, de manera que se puedan comprender mejor las interseccionalidades y se pueda prestar especial atención a los grupos de niños de mayor riesgo”.
Al mismo tiempo, se podrán aplicar medidas y políticas especiales dirigidas a cada uno de los grupos de riesgo, según sus características. La Plataforma de Infancia, en consonancia con la OG26, hace hincapié en la importancia de conocer la realidad mediante un sistema de análisis centrado en el impacto que tiene la degradación medioambiental en la infancia. Por eso, solicita la realización de estudios que cuenten con la participación infantil, la recogida de datos y las campañas de sensibilización sobre la reducción del ruido ambiental en contextos educativos y de ocio.
La OG26 también centra su análisis en el derecho a la vida y a la salud de la infancia, ambos amenazados por la degradación ambiental, el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. De ahí las recomendaciones establecidas por esta observación, que buscan implementar estándares medioambientales como la seguridad alimentaria, la defensa frente a la exposición al plomo y las emisiones de gases de efecto invernadero, o bien aquellos relacionados con la calidad del aire y del agua. En el contexto español, la Plataforma de Infancia pide revisar el compromiso de reducción de emisiones actual, que se sitúa en un 23% para 2030 respecto a 1990, a un 55%, a fin de evitar un calentamiento global de 1,5ºC. Pero también solicita la puesta en marcha de medidas eficaces de mitigación del cambio climático, así como la promoción de energías renovables, la gestión de residuos, el desarrollo de modos de producción agrícola sostenible y la garantía de una alimentación saludable en los comedores escolares.
A nivel internacional, la nueva observación insta a los Estados a fortalecer los programas de alivio de la pobreza centrados en la infancia de las zonas más vulnerables a los riesgos ambientales. En concreto, se hace hincapié en el acceso a una vivienda adecuada, sostenible y resiliente, propuesta que la Plataforma de Infancia traslada a nivel nacional, haciendo especial énfasis en los planes autonómicos de rehabilitación de los parques de viviendas y solicitando la inclusión de las familias con niños a cargo como colectivo prioritario en la Estrategia Estatal contra la pobreza energética.
La OG26 pide también medidas orientadas a la promoción de áreas verdes, espacios abiertos para el juego; acciones contra el tráfico y el ruido excesivo para reducir los niveles de contaminación cerca de los hogares, las escuelas y los parques infantiles. En este sentido, en el contexto nacional, la Plataforma de infancia ha solicitado la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones, el fomento del transporte público, la incorporación del enfoque de la infancia en los nuevos planes de ordenación urbanística y la garantía de que los centros escolares y sus entornos se conviertan en áreas seguras y saludables para la infancia, de acuerdo con el Manifiesto para la conversión de los entornos escolares en áreas más saludables para la infancia.
Por último, la OG26 afirma la importancia de una educación ambiental, concepto que la Plataforma de Infancia enfatiza a nivel nacional solicitando la aplicación de la Declaración de Berlín sobre Educación para el Desarrollo Sostenible, el aumento de la financiación para transformar el contenido de los planes de estudios y el desarrollo de planes sectoriales de educación con perspectiva de género que prioricen la resiliencia y la adaptación en todas las estrategias climáticas nacionales, entre otras.
Los Estados parte de la Convención son responsables de las acciones requeridas en virtud de la OG26, que medirá y evaluará la acción de los gobiernos, en concreto, a través del mecanismo de presentación de informes al Comité de los Derechos del Niño y otros mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos como el Examen Periódico Universal.
