El pasado martes 13 de noviembre tuvo lugar un paso relevante para la consecución de un Pacto de Estado por la Infancia. Un pacto que vienen reivindicando desde 2014 las organizaciones de infancia que constituyen la Plataforma de Infancia. Un Pacto que tiene como objetivo garantizar los derechos de los niños y niñas, especialmente de los más vulnerables, independientemente del partido en gobierno o los cambios de ciclo económico.
Tuvo lugar, en la mencionada fecha, un acuerdo de la gran mayoría de fuerzas parlamentarias para registrar esta cuestión a través de una Proposición No de Ley al que finalmente se sumaron toda la Cámara. Un instrumento que sirve para instar al Gobierno y para mostrar el apoyo de la Cámara a una medida de especial relevancia. Esta iniciativa recoge las peticiones que se han trasladado desde la Plataforma de Infancia y sus organizaciones miembro. Se establece el compromiso con la infancia especialmente en tres ejes:
- Inversión en infancia. Incrementándose de manera progresiva hasta la media UE, mayor transparencia en presupuestos, y mejorar las partidas que más reducen la pobreza infantil como la prestación por hijo. Peticiones que ya habían realizado con anterioridad instituciones como la Comisión Europea o el Comité de Derechos del Niño. España dedica alrededor del 1,3% del PIB a la protección de la familia y la infancia, frente a la media europea del 2,4% según datos de Eurostat. En caso de abordarse la inversión en los términos que se recoge en el documentos, se beneficiaría a unos 2.485.000 niños y niñas y reduciría las tasas de riesgo de pobreza infantil en un 18% y las de pobreza infantil severa en un 30%, teniendo un impacto considerable también en las cifras de pobreza de los adultos.
- Compromiso con la educación para los más pequeños y sobre todo de los que menos tienen. Con más escuelas públicas 0-3 y más apoyo económico en las etapas no universitarias El sistema educativo en España no logra compensar las desigualdades de origen, de forma que el nivel socioeconómico condiciona la trayectoria y el éxito educativo de niños, niñas y adolescentes, perpetuando la pobreza y la desigualdad. El abandono educativo temprano ha caído para todos los niveles de renta entre 2008 y 2015 salvo para el 20% más pobre, en el que el 43% de niños y niñas abandona sus estudios. Las desigualdades de partida son en gran medida responsables de las altas tasas de fracaso escolar y del abandono escolar temprano o del alto nivel de desempleo juvenil. Para ello se establecerá una cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para financiar conjuntamente la creación de 70.000 plazas públicas en escuelas infantiles que deberán ser gratuitas para las familias con menos recursos. De esta manera la tasa de escolarización en educación infantil se situaría en el 40,26%. Se ampliará la inversión en becas y ayudas al estudio para alcanzar la media europea del 0,44 % PIB en 2022.
- Reforzar el sistema de protección. Sobre todo, con los cambios que supuso la Ley de 2015 pero que la propia ley no permitía incrementos presupuestarios.
También deberán existir mecanismos de gobernanza y seguimiento del propio Pacto para garantizar que se lleva a cabo adecuadamente.
Desde la Plataforma de Infancia esperamos que este Pacto pueda debatirse en Pleno con la mayor celeridad y sea votado favorablemente por la totalidad del Congreso. Así como esperamos se convierta en políticas que afecten a los niños y las niñas cuanto antes.
