Madrid, 13 de abril de 2021. La Plataforma de Infancia, red conformada por 73 organizaciones de Infancia, pide que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, cuyo Dictamen se debate este jueves en el Pleno del Congreso refuerce la protección de los niños y niñas cuya tutela ostenta la Administración y las garantías a los niños, niñas y sus familias ante las retiradas de tutelas, aumente el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores de forma que empiecen a contar al cumplir los 40 años, y prohiba los desnudos en el procedimiento de determinación de la edad.
“Consideramos que el Proyecto de Ley ha ido mejorando durante su tramitación parlamentaria” explica Almudena Escorial, Responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia. “Especialmente relevante ha sido la previsión de creación de entornos seguros en los distintos ámbitos o la garantía de que las denuncias interpuestas por niños y niñas sin el acompañamiento de su tutor no requieran la valoración de su madurez por parte de la Policía. “Sin embargo, no podemos permitirnos que esta ley, que va a ser ejemplo en el mundo, deje fuera cuestiones esenciales para el objetivo que se marca, es decir, para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia”.
Aunque se hayan introducido mejoras en la Ponencia, las organizaciones de infancia señalamos que el proyecto de ley no aborda suficientemente la necesidad de reforzar la protección de los niños y niñas privados de cuidado parental y consideramos esencial asegurar que es un ámbito prioritario en la ley y en la estrategia a desarrollar, sobre el que se tomen medidas específicas, como el establecimiento de una figura análoga al coordinador de protección de los centros educativos.
“Los niños y niñas tutelados por las Administraciones públicas bajo el sistema de protección son uno de los grupos más vulnerables frente a la violencia y, además, los sistemas de protección carecen de las herramientas necesarias para protegerlos, especialmente en recursos residenciales grandes” explica Escorial. De hecho, el Comité sobre los Derechos del Niño en 2018 mostró su preocupación a España por “los casos de malos tratos y de trato degradante de niños atendidos en centros de acogida”.
Una de las cuestiones fundamentales que la LOPIVI fortalece es la capacidad del sistema para actuar rápido y evitar que un niño o niña sufra una situación de violencia. Sin embargo, la Plataforma de Infancia considera que esto debe complementarse con el refuerzo de las garantías de las retiradas de tutelas tal y como recomendó el Comité de los Derechos del Niño a España en 2018. El marco legislativo español tiene graves carencias en relación con las garantías jurídicas en situaciones de declaración de tutela administrativa, lo cual deja a las familias y a los niños y niñas, sobre todo a los más vulnerables, en situación de total indefensión.
“Consideramos fundamental aprobar enmiendas dirigidas a: garantizar la asistencia letrada, asegurar la notificación de los expedientes de riesgo y establecer plazos en los procedimientos de riesgo y desamparo” explica Escorial “Además, consideramos muy preocupante que la ley otorgue la condición de autoridad al personal de los servicios sociales, ya que puede quebrar la relación de confianza que debe existir con las familias y aumentar la asimetría existente actualmente”.
Si bien el texto introduce una mejora sustancial, al aumentar el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, de forma que este empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años, y no 18 como ocurre actualmente, La Plataforma de Infancia considera que se debería aumentar hasta los cuarenta años ya que muchas víctimas necesitan tiempo para romper el silencio, y “este incremento respeta el equilibrio entre la lucha contra la impunidad y el derecho de las víctimas a acceder a la justicia y los límites de nuestro estado de derecho” añade Escorial.
Por otra parte, la Plataforma de Infancia considera también necesario reforzar la prueba preconstituida. Esta prueba es una medida muy positiva para evitar la revictimización de los niños y niñas en el ámbito judicial. Si bien la ley prevé que se haga para los menores de 14 años, la Plataforma de Infancia considera que debería extenderse a todas las personas menores de edad que deban intervenir en un procedimiento judicial. Asimismo, se debería garantizar que siempre se practica por personas expertas.
Otro tema relevante es el procedimiento para determinar la edad de los niños y niñas migrantes que llegan a nuestro país. En este sentido, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo y el propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas han urgido reiteradamente a España a modificar este procedimiento. Especialmente contundente se ha mostrado el Comité con la prohibición de los desnudos integrales y la exploración de los genitales a los que son sometidos estos niños y niñas. Práctica que además de “infringir su dignidad, su privacidad y su integridad corporal”, no resulta nada efectiva para evaluar la edad, por lo que debería ser prohibida en esta Ley.
