Madrid, 16 de octubre de 2020. De cara a la próxima aprobación en el Congreso de los Diputados de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, la Plataforma de Infancia considera fundamental priorizar las inversiones en infancia. Así lo ha expresado en un documento enviado al Gobierno y a los grupos parlamentarios que plantea una serie de propuestas a corto, medio y largo plazo dirigidas a paliar los efectos de la actual crisis a causa de la pandemia, que se suma a una situación ya preocupante desde hace años.
“La protección de la infancia frente a la pobreza debería ser una prioridad de todas las Administraciones Públicas, y este año más que nunca invertir en la infancia es fundamental” ha explicado Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia.
Con anterioridad a la crisis de la COVID-19 la situación para muchos niños, niñas y adolescentes ya era preocupante: En 2019, la tasa AROPE, que indica el riesgo de pobreza o exclusión social, mostraba que la pobreza infantil en España era de un 30,3%. Esta situación se agrava con la tasa de abandono escolar más alta de Europa (un 17,3%) y unas tasas de repetición y fracaso escolar que se concentran en los niños y niñas con menos oportunidades.
La pobreza infantil en España es estructural y se ha mantenido con tasas muy altas incluso en ciclos de bonanza económica, pero la crisis producida por la COVID-19 está teniendo un impacto negativo en la vida de muchos niños, niñas y adolescentes, a día de hoy y para toda la sociedad a largo plazo. “Invertir en la lucha contra la pobreza infantil es invertir en justicia y equidad, pero también en crecimiento económico. Romper el ciclo de la transmisión generacional de la pobreza tiene un retorno claro para la sociedad”, explica Ibarra.
Esta inversión en infancia debe suponer un sistema de protección social sólido, eficiente y eficaz que proteja a la infancia y la adolescencia frente a la pobreza y apoye a las familias en la crianza de sus hijos e hijas, además de invertir en los barrios y entornos de extrema vulnerabilidad. Desde la Plataforma de Infancia El Ingreso Mínimo Vital se ha visto como una medida necesaria y adecuada, pero se percibe como incompleta si no se configura de manera permanente en el sistema de protección social, a la vez que se amplía a una serie de colectivos especialmente vulnerables que ahora quedan excluidos, como explican desde la Plataforma de Infancia. También es fundamental asegurar el mantenimiento y compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con la actual prestación por hijo a cargo, ya que la finalidad de esta última ayuda es distinta, esto es apoyar a las familias en la crianza de sus hijos e hijas, y puede llegar a familias que no puedan beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital.
La conciliación de padres y madres para que puedan ejercer la crianza de sus hijos e hijas en condiciones adecuadas sigue siendo otra de las necesidades prioritarias que se ha visto agravada durante esta crisis. Es necesario regular las bajas laborales para padres y madres cuyos hijos e hijas se encuentren en cuarentena, independientemente de si el motivo es por padecer la enfermedad o por haber estado en contacto con una persona que haya dado positivo en COVID-19.
Ibarra insiste en la importancia de todas estas medidas, “conocemos las consecuencias que tiene no abordar la situación de la infancia con medidas específicas para proteger su bienestar. Lo comprobamos en la última crisis económica, cuando la infancia llegó a ser el grupo social más vulnerable frente a la pobreza en España.”
Garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas en condiciones de igualdad debería ser otra de las prioridades en los presupuestos. La crisis de la COVID-19 ha acrecentado la brecha educativa. Por ello, señalamos que los presupuestos deberían poner el foco en la equidad educativa con medidas como el aumento progresivo de la oferta de plazas públicas en educación infantil (0 a 3 años) que garanticen el acceso a los niños y niñas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social a través de becas y tarifación social, priorizando la equidad en los criterios de acceso.
También recomendamos apostar por el refuerzo y el apoyo escolar dirigido al alumnado de familias socioeconómicamente vulnerables, con necesidades educativas especiales, y dificultades de aprendizaje a través de herramientas como el programa PROA + y contemplando la posibilidad de reforzar de forma permanente las plantillas de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, PTSC, profesorado de apoyo y atención a la diversidad.
Por último, planteamos la necesidad de un aumento del gasto público en becas y ayudas al estudio, tanto en forma de becas-salario, becas-comedor o ayudas dirigidas a evitar la brecha digital. Esta inversión se complementa con una reforma del sistema para que todos los niños, niñas y adolescentes con bajos recursos y aquellos con necesidades educativas especiales tengan los apoyos necesarios.
