#PorUnVeranoParaLaInfancia
Las organizaciones de infancia y juventud consideramos que las actividades de educación no formal no han sido suficientemente tenidas en cuenta a la hora de establecer regulaciones de cara al verano, afectando a los derechos de niños, niñas y jóvenes y su acceso a actividades de ocio y tiempo libre.
Madrid, 22 de junio de 2021. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, los derechos de la infancia y la adolescencia y su acceso a espacios de socialización, actividades de ocio y tiempo libre se han visto seriamente perjudicados y olvidados. Esto ha tenido un impacto negativo en el bienestar, desarrollo, y derechos de los niños y niñas. Por ello, las organizaciones de infancia y juventud han trasladado a las administraciones de las diversas Comunidades Autónomas y a la Administración General del Estado un decálogo de propuestas para mejorar el acceso a estas actividades y garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.
“Las entidades de educación no formal que gestionan dichas actividades de ocio y tiempo libre todavía no disponen de normativa clara en todas las Comunidades Autónomas ni de información suficiente sobre cómo actuar ante diversos escenarios y deben ser las propias administraciones quienes proporcionen de esos protocolos que fomenten y posibiliten las actividades de manera segura” explica Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud de España.
Además, se está valorando establecer aforos muy restrictivos, condiciones más exigentes frente a otros espacios de ocio, y barreras adicionales como la realización de pruebas PCR o test de antígenos para los que no se han planteado ayudas directas. Esto supondría un menoscabo en el acceso a estas actividades por parte de niños y niñas de entornos vulnerables, que son quienes más las necesitan.
“Tras 15 meses de restricciones por la pandemia, es necesario que este verano se garantice el derecho de los niños, niñas y adolescentes al ocio educativo, habilitando la realización de estas actividades con seguridad, para que puedan tener esos espacios de socialización tan necesarios para su salud tanto física como mental” explica Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia. “Es fundamental que las administraciones apoyen para que esto no suponga un gasto adicional para las familias más vulnerables que, de otra manera, no tendrían forma de que sus hijos e hijas participaran en este tipo de actividades”.
Es preciso recuperar espacios de juego y que estos sean accesibles para niños y niñas con discapacidad; pero también para asegurar el conocimiento de sus derechos, educarse en el cuidado y respeto del medio ambiente, la atención a la diversidad y el compromiso en la defensa de los Derechos Humanos entre otras cuestiones.
Asimismo, la Plataforma de Infancia y el CJE señalan que esta falta de espacios para los niños, niñas y jóvenes puede tener otros efectos negativos para su salud, como el aumento del sedentarismo y la obesidad, la sobreexposición a pantallas, problemas de salud mental o la limitación del efecto positivo de la exposición al sol.
Las limitaciones para realizar estas actividades también afectan la capacidad de las familias para la conciliación. Con la finalización del curso escolar esto puede suponer problemas adicionales, así como incrementar situaciones de riesgo al estar los niños y las niñas a cargo de personas de mayor vulnerabilidad (abuelos, abuelas, familiares mayores etc.) o en entornos de mayor transmisión.
Por todo ello, las organizaciones de infancia y juventud pedimos a las administraciones públicas que regulen adecuadamente estas actividades durante la época estival; que se tenga en cuenta al sector a la hora de tomar medidas; que se trate de homogeneizar las medidas entre las Comunidades Autónomas, y que se garantice que no se generan barreras de acceso a niños, niñas y jóvenes de entornos vulnerables.
