El Defensor del Pueblo de EspaƱa ha publicado su informe anual 2018. Dicho informe resume las actuaciones y actividades realizadas por la instituciĆ³n durante el aƱo 2018. En el mismo se detallan las principales estadĆsticas, actuaciones de oficio, expedientes y resoluciones que ha llevado a cabo esta instituciĆ³n encargada deĀ defender los derechos fundamentales y las libertades pĆŗblicas de los ciudadanos mediante laĀ supervisiĆ³n de la actividad de las administraciones pĆŗblicas.
Este informe traslada algunas de las preocupaciones y vulnerabilidades detectadas en materia de derechos de la infancia, entre ellas destacan las siguientes cuestiones:
Menores de edad extranjeros no acompaƱados, uno de los apartados mĆ”s extensos en materia de infancia, manifiesta las quejas sobre las pruebas de determinaciĆ³n de la edad, mencionando las sugerencias trasladadas a la FiscalĆa General del Estado y a la PolicĆa Nacional, haciendo Ć©nfasis en que las resoluciones del ComitĆ© de Derechos del NiƱo no fueron atendidas.Ā Sobre el procedimiento, se destaca que la FiscalĆa General considera que los documentos que prueben la minorĆa de edad no se consideran prueba suficiente si son contradictorios con las pruebas mĆ©dicas previas; una interpretaciĆ³n no conforme al recomendado por el Defensor del Pueblo.
En relaciĆ³n con el registro de estos niƱos y niƱas, el Defensor del Pueblo menciona que se ha constatado diferencias significativas entre los datos del registro y la informaciĆ³n de las Comunidades AutĆ³nomas.
En otro orden de cosas, la instituciĆ³n critica la postura que mantiene la Secretaria de Estado de Migraciones en relaciĆ³n con las autorizaciones para trabajar de estos niƱos y niƱas cuando alcanzan los 16 aƱos; lo que supone una discriminaciĆ³n a juicio del Defensor del Pueblo. Por Ćŗltimo, se menciona el incremento progresivo de niƱas y niƱos detectados en los CIE (19 en 2015, 51 en 2016, 48 en 2017 y 88 en 2018), y destaca las malas praxis detectadas para su correcta detecciĆ³n poniendo de relieve el caso de AlmerĆa.
El informe refleja tambiĆ©n la situaciĆ³n de menores de edad vĆctimas de violencia de gĆ©nero, considerando necesario evaluar algunos aspectos de las nuevas leyes de protecciĆ³n a la infancia y cĆ³mo es posible mejorar la protecciĆ³n de las vĆctimas mĆ”s vulnerables.
Otra de las quejas mĆ”s graves tiene que ver con el fallecimiento de un menor de edad en el Centro de Internamiento de Menores Infractores de la Ciudad de Melilla. En relaciĆ³n con dicho caso, el Defensor del Pueblo traslada la formulaciĆ³n de dos recomendaciones a la ConsejerĆa de Bienestar Social en relaciĆ³n con la aplicaciĆ³n de los medios de contenciĆ³nĀ durante el menor tiempo posible y la bĆŗsqueda siempre de medios alternativos de resoluciĆ³n de conflictos.
En cuanto al sistema de protecciĆ³n, se recuerda la importancia de que las situaciones de desamparo sean respetuosas con las normas y que estas deberĆ”n ser correctamente motivadas. Se menciona un caso particular sucedido en Murcia, donde la declaraciĆ³n de desamparo se produjo mes y medio despuĆ©s de realizarse, en lugar del mĆ”ximo de 48 horas que contempla el CĆ³digo Civil. Esto supone una situaciĆ³n de indefensiĆ³n evidente al no poder oponerse por vĆa judicial a la decisiĆ³n tomada. Sobre la temĆ”tica del sistema de protecciĆ³n, insiste el Defensor del Pueblo en la necesidad de promover el acogimiento familiar y elaborar una propuesta de modificaciĆ³n normativa para las pensiones no contributivas para este modelo.
Sobre la salida del sistema de protecciĆ³n, el Defensor del Pueblo recuerda la obligaciĆ³n de las administraciones de garantizar una transiciĆ³n adecuada a la vida adulta de los jĆ³venes que han sido sujetos de medidas de protecciĆ³n. Siendo inadecuada la oferta que actualmente se realiza.
TambiĆ©n critica el Defensor del Pueblo la existencia de casos donde la FiscalĆa no ha asistido a procesos que afectaban a menores de edad, incumpliendo la obligaciĆ³n legal de asistencia. Menciona casos concretos como el detectado en la FiscalĆa de Ćrea de Getafe y LeganĆ©s.
El Defensor del Pueblo destaca la necesidad de reducir las listas de espera en los centros de apoyo y encuentro familiar, mencionando los casos analizados en la Comunidad de Madrid.
Se menciona la situaciĆ³n de los bebes robados, asĆ como la necesidad de revisar la Ley 40/2003 de Familias Numerosas con el fin de abordar diversos problemas que suscita la aplicaciĆ³n de nuevas formas de familias.
Entre cuestiones novedosa el Defensor del Pueblo menciona la problemĆ”tica del juego, incidiendo en elĀ fenĆ³meno de la difusiĆ³n sin control del juego, y muy en especialĀ si los jugadores son menores de edad, ya que traslada que tiene unas caracterĆsticas similares a las delĀ consumo del tabaco o de drogas
