El Defensor del Pueblo de España ha publicado su informe anual 2018. Dicho informe resume las actuaciones y actividades realizadas por la institución durante el año 2018. En el mismo se detallan las principales estadísticas, actuaciones de oficio, expedientes y resoluciones que ha llevado a cabo esta institución encargada de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas.
Este informe traslada algunas de las preocupaciones y vulnerabilidades detectadas en materia de derechos de la infancia, entre ellas destacan las siguientes cuestiones:
Menores de edad extranjeros no acompañados, uno de los apartados más extensos en materia de infancia, manifiesta las quejas sobre las pruebas de determinación de la edad, mencionando las sugerencias trasladadas a la Fiscalía General del Estado y a la Policía Nacional, haciendo énfasis en que las resoluciones del Comité de Derechos del Niño no fueron atendidas. Sobre el procedimiento, se destaca que la Fiscalía General considera que los documentos que prueben la minoría de edad no se consideran prueba suficiente si son contradictorios con las pruebas médicas previas; una interpretación no conforme al recomendado por el Defensor del Pueblo.
En relación con el registro de estos niños y niñas, el Defensor del Pueblo menciona que se ha constatado diferencias significativas entre los datos del registro y la información de las Comunidades Autónomas.
En otro orden de cosas, la institución critica la postura que mantiene la Secretaria de Estado de Migraciones en relación con las autorizaciones para trabajar de estos niños y niñas cuando alcanzan los 16 años; lo que supone una discriminación a juicio del Defensor del Pueblo. Por último, se menciona el incremento progresivo de niñas y niños detectados en los CIE (19 en 2015, 51 en 2016, 48 en 2017 y 88 en 2018), y destaca las malas praxis detectadas para su correcta detección poniendo de relieve el caso de Almería.
El informe refleja también la situación de menores de edad víctimas de violencia de género, considerando necesario evaluar algunos aspectos de las nuevas leyes de protección a la infancia y cómo es posible mejorar la protección de las víctimas más vulnerables.
Otra de las quejas más graves tiene que ver con el fallecimiento de un menor de edad en el Centro de Internamiento de Menores Infractores de la Ciudad de Melilla. En relación con dicho caso, el Defensor del Pueblo traslada la formulación de dos recomendaciones a la Consejería de Bienestar Social en relación con la aplicación de los medios de contención durante el menor tiempo posible y la búsqueda siempre de medios alternativos de resolución de conflictos.
En cuanto al sistema de protección, se recuerda la importancia de que las situaciones de desamparo sean respetuosas con las normas y que estas deberán ser correctamente motivadas. Se menciona un caso particular sucedido en Murcia, donde la declaración de desamparo se produjo mes y medio después de realizarse, en lugar del máximo de 48 horas que contempla el Código Civil. Esto supone una situación de indefensión evidente al no poder oponerse por vía judicial a la decisión tomada. Sobre la temática del sistema de protección, insiste el Defensor del Pueblo en la necesidad de promover el acogimiento familiar y elaborar una propuesta de modificación normativa para las pensiones no contributivas para este modelo.
Sobre la salida del sistema de protección, el Defensor del Pueblo recuerda la obligación de las administraciones de garantizar una transición adecuada a la vida adulta de los jóvenes que han sido sujetos de medidas de protección. Siendo inadecuada la oferta que actualmente se realiza.
También critica el Defensor del Pueblo la existencia de casos donde la Fiscalía no ha asistido a procesos que afectaban a menores de edad, incumpliendo la obligación legal de asistencia. Menciona casos concretos como el detectado en la Fiscalía de Área de Getafe y Leganés.
El Defensor del Pueblo destaca la necesidad de reducir las listas de espera en los centros de apoyo y encuentro familiar, mencionando los casos analizados en la Comunidad de Madrid.
Se menciona la situación de los bebes robados, así como la necesidad de revisar la Ley 40/2003 de Familias Numerosas con el fin de abordar diversos problemas que suscita la aplicación de nuevas formas de familias.
Entre cuestiones novedosa el Defensor del Pueblo menciona la problemática del juego, incidiendo en el fenómeno de la difusión sin control del juego, y muy en especial si los jugadores son menores de edad, ya que traslada que tiene unas características similares a las del consumo del tabaco o de drogas
