- Actualmente, hay más de 92.000 niñas y niños de Ucrania en el sistema de protección ucraniano, y cerca de un millón de las personas refugiadas que han salido del país en guerra, son niñas y niños.
El pasado miércoles, 16 de marzo, la Plataforma de Infancia participó en la reunión con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en la que estuvieron presentes diferentes organizaciones del Tercer Sector.
El objetivo principal del encuentro fue abordar las consecuencias socioeconómicas en nuestro país derivadas del conflicto en Ucrania, y cómo tratarlo para que no afecte especialmente a los grupos más vulnerables de la sociedad.
En este sentido, el Gobierno está trabajando en un Plan Nacional de Respuesta con el fin de paliar los efectos que sufre la ciudadanía en relación con la subida energética y otras consecuencias económicas generadas por esta guerra.
Durante la reunión se planteó la necesidad de poner en marcha medidas concretas, como por ejemplo un cheque energético de 300 euros para las familias, la ampliación del bono social o tratar los conocidos “beneficios caídos del cielo” de las compañías eléctricas. También, se propuso reforzar el escudo social, establecer una prórroga del decreto antidesahucios, mejorar el acceso al Ingreso Mínimo Vital y el incremento de la cuantía y los umbrales de renta de acceso.
En el ámbito de la infancia, se trasladó la urgencia de reforzar el actual sistema de acogida y el sistema de protección a niñas, niños y adolescentes, para garantizar los máximos derechos en los procesos y disminuir su complejidad.
Propuestas desde la Plataforma de Infancia
La Plataforma de la Infancia mostró especial preocupación por el impacto en la infancia más vulnerable y las carencias del actual sistema de protección a la infancia en nuestro país.
Actualmente, hay más de 92.000 niñas y niños de Ucrania en el sistema de protección ucraniano, y cerca de un millón de las personas refugiadas que han salido del país en guerra, son niñas y niños. Nuestro sistema de protección a la infancia debe prepararse y reforzar sus carencias con apoyo económico, mejorar los procesos de acogimiento familiar, reducir la precariedad en el acogimiento residencial y dar respuesta a la necesidad de un mecanismo nacional de derivación.
Ofrecer garantías en el proceso de acogida es una obligación; así como que estas niñas y niños sean escuchados sobre sus necesidades; evitar separarles de sus personas de referencia si no es por su interés superior y, por último, garantizar la búsqueda activa de familiares una vez que estas niñas y niños pasen a formar parte del sistema de protección.
